El juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament por presunta desobediencia ha empezado este martes a las 10.10 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y a lo largo de la mañana declararán los acusados de supuestamente desoír al Tribunal Constitucional (TC) y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista.
Un año y ocho meses de inhabilitación
La Sala Civil y Penal del TSJC juzgará a Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que se enfrentan a una petición de pena de un año y ocho meses de inhabilitación, además de una multa de 30.000 euros para cada uno.
Los acusados han llegado al Palacio de Justicia acompañados por una comitiva de apoyo con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y también han acudido representantes de JxCat como Laura Borràs y Eduard Pujol, de ERC como Ernest Maragall y Marta Vilalta, de la CUP como Maria Sirvent y Edgard Fernández, de la ANC, con su presidenta, Elisenda Paluzie, y de Òmnium, con su vicepresidente, Marcel Mauri.
Declararán durante la mañana y a partir de las 16.00 horas será el turno de los testigos: empezará el vicepresidente segundo de la mesa y diputado de Cs en el Congreso José María Espejo Saavedra, seguido del actual secretario segundo, David Pérez; y del exletrado mayor de la cámara Antonio Bayona.
El juicio durará tres días
También están previstas para este martes las declaraciones como testigos del secretario general del Parlament, Xavier Muro, el expresidente de la Cámara Ernest Benach y el que fue secretario general del Parlament hasta septiembre de 2016, Pere Sol.
Este martes 21 de julio es la cuarta fecha para iniciar el juicio, inicialmente señalado para octubre de 2019, y la previsión es que dure tres jornadas, acabando el viernes.
Inviolabilidad parlamentaria
Las defensas de los exmiembros de la Mesa del Parlament juzgados por presunta desobediencia han invocado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el derecho a la inviolabilidad parlamentaria de los procesados.
"Están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, que entendemos que es un reflejo de la protección de los derechos fundamentales", ha dicho el abogado de Anna Simó (ERC), Raimon Tomàs, también en referencia a los otros acusados en el juicio: Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí) y Mireia Boya (CUP).
Tomàs ha recalcado que la inviolabilidad parlamentaria está recogida en el Estatut, en la Constitución y en las normas europeas, y vinculada a los derechos de libertad ideológica, reunión y expresión; y sobre el procedimiento ha asegurado que "las actuaciones son nulas en derecho por haberse superado el límite de la jurisdicción".
Vox retira la acusación de organización criminal
La abogada de los miembros de JxSí, Judit Gené, se ha referido al mismo tema para asegurar que los acusados "lo único que hicieron fue garantizar los derechos fundamentales de libertad de expresión, la garantía institucional de separación de poderes y, en definitiva, el principio de autonomía parlamentaria" de la Cámara catalana.
"No piden inviolabilidad para su persona, piden inviolabilidad para la función que ejercían, que es una función parlamentaria", ha añadido Gené en su intervención.
Las tres defensas de los acusados en el juicio han presentado por separado las cuestiones previas que todos comparten: además de la inviolabilidad, han alegado que la Abogacía del Estado "carece de legitimación para ejercer la acusación en este procedimiento" y han rechazado la petición de la acusación popular --ejercida por Vox-- de condenarles por un delito de organización criminal, si bien el partido ha retirado esta acusación al iniciar la primera sesión del juicio.
La separación de poderes
Al contestar a los argumentos de las defensas, el fiscal, Pedro Ariche, ha defendido la diferencia del voto parlamentario en el pleno al de los miembros de la Mesa: "La expresión de afirmación y opinión a través del voto, no concurre en la actuación de la Mesa, concurre en otros actos".
Considera que la Mesa tiene "una función gubernativa", y ha asegurado que no se les juzga por apoyar o no determinadas leyes, lo que no sería enjuiciable.
Ariche también ha reconocido que la garantía de inviolabilidad de la actuación parlamentaria es un derecho de los diputados, "pero no es un derecho ilimitado y no debe ser transgredido, utilizado contra los derechos a su vez igualmente importantes de otros diputados o una parte de la ciudadanía".
Ha mantenido que "lo contrario sería eliminar la teoría de separación de poderes y afirmar la prevalencia de uno de los poderes del Estado sobre los otros dos".
En la misma línea, la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno ha defendido que la inviolabilidad parlamentaria se circunscribe a los votos y opiniones de los diputados al ejercer funciones parlamentarias y "no es absoluta e ilimitada".