Laura Borràs y Josep María Bartomeu no son muy distintos. Lo que les diferencia es que ella es candidata a la Generalitat por el partido de Puigdemont y él ex un expresidente del Barça que se negó a colaborar con el Procés cediendo el club a los intereses del independentismo.
Pero Laura Borràs fue sorprendida delinquiendo exactamente igual que Bartomeu. Fraccionando facturas para evitar los filtros en favor de un amigo al que quería beneficiar aprovechándose de su cargo público y pagándole con dinero público. Y por unas cantidades similares: 1, 3 millones de euros
El Supremo entra a matar con Laura Borràs: ¡¡prevaricación, fraude y malversación!!
Lo de Borràs es incluso más grave que los de Rosell, que a fin de cuentas sólo movía dinero de un club privado en un ámbito que sólo atañía a sus socios. Laura Borràs, en cambio, disponía de dinero público para distribuirlo según sus caprichos.
A Bartomeu le han detenido sin orden judicial y de acuerdo a una investigación meramente policial. Incluso pasó una noche en el calabozo. Laura Borràs, en cambio, anda suelta, se mete en el Congreso para levantar la voz contra España y hasta se permite presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Y nadie se ha atrevido a detenerla. ¿Se imaginan? La represión del estado español, la falta de libertades, la justicia corrupta... ¿Le tienen miedo a Laura Borràs? ¿Por qué no ha recibido el mismo trato que Bartomeu cuando el delito por el que se la investiga reviste mayor gravedad? ¿Por qué hay que contemplar para Laura Borràs una presunción de inocencia que no existe con Bartomeu?
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La Sindicatura de Cuentas ha señalado que en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en el periodo 2016-2018, cuando lo dirigía la ahora diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs, se han constatado contratos menores sucesivos a cinco adjudicatarios contra la normativa y "fraccionamiento" de contratos.
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Cabe recordar que el Tribunal Supremo investiga a Borràs por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la adjudicación de contratos.
Según un comunicado de la Sindicatura con motivo del informe de fiscalización de la entidad en 2018, del análisis de los contratos menores del periodo 2016-2018, de un importe de 1,32 millones de euros, se desprende que "a siete adjudicatarios se les adjudicaron diversos contratos menores por importes acumulados superiores al máximo permitido por el contrato menor".
"En cinco de estos casos hay una reiteración del objeto de los contratos, por lo que la Sindicatura considera que se incumplió el artículo 118 de la Ley de contratos del sector público", y que en consecuencia hubo un fraccionamiento de la contratación, indica el síndico Jordi Pons, autor del informe.
Cinco contratos "con reiteración"
En concreto, la entidad cita como contratos menores con reiteración los encargados a las personas físicas E.F.M. -por la moderación en tres años consecutivos del Fòrum Ploma Què Llegeixes, por un total de 52.560 euros-; I.H.F. -por desarrollar actividades culturales en la página web de la ILC en 2016 y 2017, por 27.900- y a O.P.M. por comisariar el Any Bertrana en 2016 y 2017 por 18.800 euros.
Asimismo, también considera recurrentes los contratos adjudicados a Taleia Cultura SL por el diseño de la Fira Litterarum entre 2016 y 2018 por 25.913 euros, y a LD Empresa de Limpieza y Desinfección por la limpieza de la ILC en el mismo periodo por 22.248.
Cuentas anuales
Aparte de la contratación, la Sindicatura ha reprochado a la ILC que "las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la ILC" a fecha de 31 de diciembre de 2018, ni de los resultados, los flujos de efectivo y de la liquidación presupuestaria correspondiente.
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Señala que la entidad aprobó las cuentas anuales fuera del plazo establecido por la normativa, y que en 2018 y ejercicios anteriores tuvo sobrantes de transferencias corrientes pero no creó "ningún pasivo" de acuerdo con la normativa, de modo que el resultado de los ejercicios anteriores estaban sobrevalorados y el pasivo corriente infravalorado.
Asimismo, la Sindicatura considera que los pagos de la ILC a los autores participantes de los programas Lletres a les aules y Lletres en viu no son gastos de servicio y suministros, sino "subvenciones concedidas a los centros participantes" otorgadas sin seguir el procedimiento establecido.
Además, el 31 de diciembre de 2018, la ILC tenía un remanente de tesorería de 1,31 millones como consecuencia de excesos de transferencias corrientes del ejercicio 2018 y anteriores, y no consta que la Intervención General estableciera ningún importe a retener ni que el departamento competente en materia de presupuestos efectuara ninguna retención de los importes.