Fugado o no, Carles Puigdemont no podrá evitar que el peso de la ley recaiga sobre sus hombros por el golpe de Estado que él lideró el pasado 1 de octubre.
El ex presidente de la Generalitat está, junto a sus secuaces golpistas, en el punto de mira del fiscal del Tribunal de Cuentas.
Según ha informado el diario El Mundo, el fiscal del Tribunal de Cuentas prevé tener listo a finales de este mes un informe detallado sobre la malversación de dinero público que llevó a cabo el Govern el 1-O.
Así pues, en 2019 se iniciará un proceso que conllevará un embargo preventivo a Puigdemont y sus cómplices en la consulta ilegal de alrededor de 2 millones de euros.
Llarena cerró la investigación cifrando la presunta malversación en 1,9 millones
El juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cerró la investigación cifrando la presunta malversación en 1,9 millones.
El Tribunal de Cuentas, que ya condenó a Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros Francesc Homs e Irene Rigau a pagar solidariamente 4,9 millones de euros por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, va ahora a por el golpista fugado Carles Puigdemont.
"La insaciable sed de venganza del estado no tiene límites"
"La insaciable sed de venganza del estado no tiene límites. Depende de los catalanes, de todos nosotros, detenerla", ha declarado Quim Torra sobre las intenciones del Tribunal de Cuentas de hacer pagar a Puigdemont los costes del referéndum ilegal.
Además, el actual desgobierno catalán 'liderado' por Quim Torra ha renunciado al ingreso del dinero del 9-N, dinero que Mas, Ortega, Homs y Rigau deberán pagar.