El Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han hecho público un comunicado, este pasado viernes, en el que denuncian la desscoordinación ministerial sobre la cuestión migratoria ilegal en Canarias.
"Esta ausencia de liderazgo en la utilización eficaz de los recursos de los departamentos implicados" asegura el documento "está provocando graves perjuicios en el servicio policial sin que, además, Interior ejerza su competencia exclusivacomo órgano coordinador del trabajo de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad implicados".
Una queja que señala directamente a Fernando Grande-Marlaska, y que pone de manifiesto el malestar de los agentes que se enfrentan a "un drama de enorme magnitud que claramente desborda la pobre estructura policial, asistencial y social con la que contamos".
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"Llevamos años denunciando las carencias del modelo policial" aseguran desde el comunicado "una situación de crisis en la que se ven implicados tanto Policía Nacional como Guardia Civil".
Sin embargo, no es la única queja planteada desde estos cuerpos, que ven cómo, a pesar de ser fundamentales dentro del Estado, solo reciben varapalos desde el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.
Fundamentales en la lucha contra el Covid-19
Si bien la actuación de Policía Nacional y Benemérita es fundamental para frenar y coordinar la respuesta ante la crisis migratoria en Canarias, los agentes de estos cuerpos también se han convertido, junto a las Fuerzas Armadas y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el arma principal del Gobierno contra el virus.
Así pues, el Ejército fue movilizado durante la primera ola de la pandemia, para realizar labores de desinfección, control de carreteras, transporte de cadáveres y creación de hospitales de campaña. Ahora, también realizan labores de rastreo, contando con personal especializado.
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A su vez, Guardia Civil y Policía también han realizado estas funciones, siendo los encargados de velar por el cumplimiento de las restricciones, estatales y regionales, que surgen ante las variaciones del virus. Una posición que, denuncian, les hace perder el cariño de la ciudadanía.
"Hay hartazgo por la situación que existe; hemos pasado de ser héroes a villanos, cuando hacemos cumplir la ley ocho meses después" ha asegurado Juan Pedro Cruz, representante sindical de ASIPAL en Tenerife.
Una labor ardua que, sin embargo, solo ha recibido varapalos del Gobierno. Un ejemplo lo encontramos en el informe presentado, el pasado mes de septiembre, por el Ministerio de Sanidad. Y es que, en la primera versión del documento, el ministerio de Salvador Illa contemplabba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como personal "esencial" dentro de la pandemia. Algo que, apenas tres días más tarde, desaparecía del documento en su segunda versión.
"La Policía es un servicio esencial" aseguraba Carlos Prieto Conesa, secretario de riesgos laborales del SUP "Reclamamos que se considere a la Policía como colectivo de alto riesgo".
Algo que, desgraciadamente, sucede: y es que, solo en el primer mes de pandemia y de estado de alarma nacional, más de 14.000 agentes de Policía, Guardia Civil y Ejército se contagiaron por falta de protección en el cumplimiento de su deber.
La 'herramienta multiusos' del Gobierno, harta del abuso
Pero no han sido estas las dos únicas 'misiones' de Policía y Guardia Civil en las que los agentes hayan demostrado su desacuerdo y malestar con las órdenes recibidas desde el Ejecutivo.
Y es que este verano, Carmen Calvo era 'pillada' por las cámaras de OKDiario yéndose de compras por Madrid... contando, nada más y nada menos, que con ocho agentes de la Policía Nacional, que actuaban como escoltas personales de la vicepresidenta primera del Gobierno.
También el lado podemita del Gobierno ha sabido 'utilizar' la herramienta de los Cuerpos de Seguridad del Estado, haciendo que cerca de 50 agentes de la Guardia Civil fuesen 'destinados' a la protección del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar.
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Entre estos agentes, están presentes los GRS, un grupo de élite de la Benemérita encargado del orden públilco en grandes concentraciones, y que ahora se han visto obligados a pedir a los ciudadanos, que se manifiestan legalmente a las puertas del chalet podemita, que vuelvan a sus casas con las cazuelas.
Una situación que incomoda y molesta a los agentes especializados, así como al 'grosso' del Cuerpo que, al igual que la Policía Nacional, se siente 'utilizado' por el Gobierno sin que exista una coordinación real entre ministerios, ni una apuesta en firme por proteger a aquellos que, una vez más, defienden a España... incluso de los desastres provocados por el Gobierno de España.