Manuela Carmena ha recibido un duro golpe por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pone en evidencia su falta de "transparencia" durante su gestión como alcaldesa de Madrid.
Y es que la Justicia ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid que revele los detalles de la sociedad de inversión de capital variable (sicav) donde la ex alcaldesa tenía invertidos 430.000 euros.
Así lo ha dictaminado la sentencia, aprobada el pasado 30 de junio, en la que se desestima la apelación presentada por el Consistorio madrileño, a la vez que se le condena a desembolsar 2.000 euros por esta ocultación de información, excluída del Portal de Transparencia municipal.
Carmena oculta su sicav durante todo su mandato
En 2016, un abogado pedía conocer el "nombre" y la "naturaleza" de la sicav de Manuela Carmena, a través de una solicitud de acceso a la información pública.
Una solicitud que fue denegada por el Ayuntamiento de Carmena, que afirmaba que los datos aportados eran 'suficientes', según el modelo de Registro de Intereses.
Sin embargo, en 2018, el juez estimó el recurso presentado ante esta denegación, y declaraba que el Consistorio madrileño había vulnerado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al negar el acceso al patrimonio de la alcaldesa.
Además, y tras el nuevo fallo, el TSJM ha recordado que "los representantes locales [...] formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos".
"Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades" remarca la Ley de Transparencia, incumplida por Manuela Carmena durante su mandato. ("Lo inquietante y perturbador no es el rey emérito sino la actitud del Gobierno")
Algo que, tras abandonar el Ayuntamiento de Madrid, pone en duda la fiabilidad de la ex alcaldesa, que llegó a la capital española como abanderada de la transparencia, y ha resultado ser responsable de la ocultación de sus inversiones privadas, que podrían haber entrado en conflicto con su labor pública.