Los testimonios de alto cargos y proveedores de la Generalitat en el Supremo han destapado la ausencia de facturas a la hora de organizar el referéndum ilegal del 1-O.
No hay facturas, por lo que está siendo sumamente complicado acreditar el gasto público realizado en la organización del 1-O.
La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, colaboró activamente junto al Govern a la hora de burlar el delito de malversación al no pedir al Ejecutivo de Puigdemont que concretara el coste de las leyes de desconexión, algo que se hace siempre para que la Mesa acepte tramitar cualquier ley.
En su día, concretamente el 6 de septiembre de 2017, Ciudadanos reprochó a Forcadell dicha irregularidad, pero la entonces presidencia hizo caso omiso y permitió que se aprobase la Ley del Referéndum sin saber qué coste conllevaría su ejecución.
Ante tal irregularidad, Ciudadanos acabó denunciando los hechos y exigió a Carme Forcadell reconsiderar la tramitación de la Ley de Transitoriedad Jurídica por “incumplir el reglamento del Parlament al no haber dado traslado al Govern por motivos presupuestarios”.
“¿Cómo no iba a tener eso un impacto económico?”, se preguntaban en Ciudadanos
PPC, PSC y los Comunes apoyaron a Ciudadanos, pero la mayoría independentista sacó adelante la nueva ley y tumbó la petición del partido naranja gracias a su mayoría en el Parlament.
“La Ley de Transitoriedad Jurídica no genera ningún gasto inmediato porque su aplicación depende del resultado de un referéndum y, si finalmente entrase en vigor, ya sería aplicable otro ordenamiento jurídico”, apuntó entonces la ahora fugada Anna Gabriel (CUP).
Por su parte, la también fugada Marta Rovira aseguró que no era “obligado” presupuestar el coste de las leyes de desconexión porque “el Govern siempre podría oponerse a su tramitación”. (El abogado de Cuixart baja de las nubes a los golpistas)