Desde 2014, El Gobierno de la Generalitat ha comenzado a almacenar los datos fiscales de miles de catalanes que, voluntariamente, habían registrado su declaración de IRPF en la Generalitat, tras abonarla en Hacienda.
Esta recopilación de datos respondía, ante todo, a la creación de uno de los grandes proyectos de Carles Puigdemont: el crear una Agencia Tributaria Catalana (ATC) que, como 'estructura del Estado', financiara el proceso de independencia.
Más de 700.000 euro de fondos públicos fueron invertidos por Oriol Junqueras en aplicaciones informáticas para esta ATC, de manera que se pudiesen recaudar impuestos estatales, tales como el IVA o el IRPF, desde Cataluña, a pesar de que la Generalitat no tenga competencias sobre estos impuestos.
Ahora, el último pacto de Pedro Sánchez con los republicanos de ERC provocará, ya no sólo que se convoque nuevamente la "Mesa de Negociación" entre el Ejecutivo socialista y los nacionalistas catalanes, sino que estos últimos tengan acceso a los datos de Hacienda de más de 7 millones de catalanes.
Cesión de los datos económicos personales a Quim Torra
En 2017, la Generalitat del aún president Carles Puigdemont utilizó ilegalmente el censo de la población del Instituto Nacional de Estadística (INE) para organizar el referéndum independentista del 1-O.
Ahora, Quim Torra tendrá el acceso a la información de Hacienda de más de siete millones de catalanes gracias al acuerdo de ERC con Pedro Sánchez para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma.
Y es que, dentro de este acuerdo, se encuentra la cesión del Ejecutivo Central de competencias a Cataluña, que gestionará directamente el fondo de reconstrucción de la Unión Europea, y gestionará la renta mínima vital de Podemos en el territorio catalán.
Precisamente, la concesión de controlar la renta mínima es la que más beneficia al Ejecutivo independentista; y es que, para valorar qué ciudadanos tienen derecho a esta renta mínima, en función de sus ingresos y patrimonios, la Generalitat necesitará el total acceso a los datos de Hacienda. (¿Es la crisis del coronavirus el principio del fin del procés independentista?)
En cuanto se apruebe esa medida, aceptada ya por el Gobierno social comunista, los de Torra tendrán acceso a la situación económica y censal de todos los catalanes, haciendo que los registros para un nuevo referéndum ilegal sean aún más sencillos.