Si creíamos que Pedro Sánchez no era capaz de darle la espalda a su partido, estábamos equivocado. Este presidente, que va camino de ser uno de los peores recordados de la historia de la democracia, está dispuesto a todo con tal de no perder su puesto en La Moncloa. Le da absolutamente igual poner el país en manos de los enemigos de la nación y no le importa dejar "vendida" a España ante los separatistas.
Lo que es evidente es que la formación de Ferraz antaño te podía parecer mínimamente seria. Ahora ya, ni eso. En este caso, la reforma del delito de malversación que ha pactado ERC con el líder del Ejecutivo traiciona los ideales socialistas, que plantea un endurecimiento de las sanciones por corrupción. Así se deja patente en la ponencia política del PSOE, que fue votada por sus militantes en el 40º congreso, que se desarrolló en octubre del pasado año. Esa conferencia no es una más, sino que supone la guía de la acción política del partido, pero el presidente del mismo ha acabado con ella tan solo para contentar a sus socios separatistas.
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Cabe recordar, que por motivos de corrupción Pedro Sánchez justificó la moción de censura contra Mariano Rajoy. De hecho, en esa ponencia se deja de manifiesto el compromiso que tiene el PSOE contra la corrupción. El título del epígrafe en el que están las medidas que el partido promete impulsar en este ámbito se titula: 'Contra la corrupción ni un paso atrás y refuerzo de los controles'.
Desde la ponencia señalan que "los efectos de la corrupción son demoledores. La corrupción es un fenómeno que afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones, quiebra la igualdad de oportunidades y vulnera derechos de la ciudadanía". Sin embargo, todo no queda ahí. Además, añaden: "Influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, reduce la calidad del gobierno y de la democracia. Además, afecta negativamente al Estado de Derecho y al bien común destruyendo la confianza en las instituciones públicas".
Un acuerdo que reduce las penas por corrupción
El pacto entre el PSOE y ERC reduce de manera evidente las penas por corrupción. Con tal de satisfacer las necesidades del partido independentista, se ha creado un nuevo delito para castigar con entre 1 y 4 años de cárcel y entre 2 y 6 años de inhabilitación a "la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado".
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De este modo, esa pena se efectuará en el caso que "hubiera un daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado". Eso sí, si no se aprecia el daño, se resolvería con una inhabilitación de tres años como máximo.
Además, estas dos fuerzas han acordado que, si el culpable de cualquiera de los nuevos tipos de malversación propuesto devuelve el dinero o ayuda a las autoridades para la identificación de otros responsables o para confesar el hecho delictivo, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados. Es triste, pero actualmente, la única pena por malversación puede suponer condenas de hasta 12 años de prisión.