En un nuevo arrebato de dictador de república bananera, el fugado Carles Puigdemont ha vuelto a posicionarse por encima de la ley tratando de imponer la voluntad que le sale de sus santos caprichos.
El Tribunal Supremo ha avisado a la Generalitat de que no caiga en la tentación de decidir, por libre, la salida de los presos golpistas de la cárcel con el fin de que transcurran en sus domicilios lo que resta de confinamiento.
Una acción de esta naturaleza sería tanto como incurrir en el delito de prevaricación, lo que acarrearía consecuencias penales. Hubo un juicio justo y una sentencia justa. Y ahora a las partes no les queda más que cumplirla y respetarla.
Pero Puigdemont no está por la labor. Algo que era de esperar en alguien que se cree por encima de la ley, quizá porque piensa que por la gracia de Dios ha heredado la potestad de decidir por los demás de acuerdo con sus intereses.
Y ha estallado en contra del Tribunal Supremo, al que acusa de "miserable" y "prevaricador", de no impartir justicia sino venganza y de aplicar el derecho del enemigo. Por eso reclama (¿quién es Puigdemont?) la libertad inmediata de los presos en un tuit que deja retratadas sus carencias democráticas. Y es que para Puigdemont no hay más ley que la suya.
Y en el Govern le hacen la ola
La reacción de Puigdemont ha encontrado rápida acogida en los poderes fácticos del virreinato que ha dejado colocado en la Generalitat. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha lamentado la advertencia del Tribunal Supremo de que los funcionarios pueden incurrir en prevaricación si permiten que los presos del 1-O pasen el confinamiento en casa: "Alguien puede pensar que hay delitos de prevaricación, sí", ha ironizado sobre el comunicado del TS al preguntársele en rueda de prensa.
Es decir, que la prevaricación, según esa insinuación, corre a cargo del Tribunal Supremo. El mundo al revés. Budó ha reclamado "que dejen trabajar" a las juntas de tratamiento de las prisiones, que deberán acordar si los presos a quienes se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario en segundo grado pueden pasar el confinamiento en sus casas para evitar que el coronavirus se propague en las cárceles. Lo que no dicen es que ya se encargarán ellos (el Govern) de que las juntas decidan lo que a ellos más les conviene que decidan.
Los presos golpistas son de segundo, no de tercer grado
Al preguntársele con qué base legal pueden tomar la decisión las juntas de tratamiento, Budó se ha referido al acuerdo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, que dictó que los presos en tercer grado o a los que se les aplica el artículo 100.2 pueden pasar el confinamiento en sus domicilios.
Pero lo cierto es que tras el oficio del Ministerio el 18 de marzo para evitar contagios en las cárceles, el Govern aseguró que los presos del 1-O seguirían en prisión y argumentaba que el Reglamento Penitenciario no permite aplicar a los presos clasificados en segundo grado el artículo 86.4, que prevé que los internos pasen todas las noches de la semana en sus casas.
La Generalitat sí ha aplicado el artículo 86.4 a los presos clasificados en tercer grado, que habitualmente pasan en casa dos noches por semana y las otras cinco en la prisión: con esta medida, los presos en tercer grado que permanecen en sus domicilios han pasado del 20% al 69% desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
El truco del artículo 100.2 que se huele el Supremo
Y la consellera de Justicia, Ester Capella, ha explicado que las juntas de tratamiento de las prisiones de Cataluña estudiarán si la emergencia sanitaria permite que, además de los internos en tercer grado, más presos pasen el confinamiento en casa, entre ellos a los que se les aplica el artículo 100.2, que prevé salidas de prisión para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de un familiar, y que se ha aplicado a los presos del 1-O.
Se trata del truco que ya se ve venir el Supremo, lo que le ha movido para advertir a la autoridad competente que si los funcionarios acuerdan que los presos independentistas salgan de prisión durante el confinamiento pueden incurrir en un delito de prevaricación, y ha avisado de que si lo hacen se dirigirá a las juntas de régimen general y a la dirección de las cárceles para que den cuenta del fundamento jurídico de su decisión.