Pablo Iglesias no quiere una garita delante de su casa

  • Política
  • 25-01-2019 | 09:01
  • Escribe: Pablo Ruiz

La Guardia Civil instalará una caseta con calefacción y baño en el exterior del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero




La Guardia Civil pidió instalar una garita en la enorme parcela (2.500 metros cuadrados) de la finca de Iglesias y Montero, pero la pareja lo ha prohibido. 

La para de podemitas quiere que la seguridad que les facilita el Ministerio de Interior interfiera lo menos posible en su vida familiar.



Así pues, los agentes destinados a proteger y custodiar el inmueble durante las 24 horas del día, que actualmente lo hacen desde un coche, tendrán una garita en la vía pública.

“Siempre que es posible, se elige la opción de instalar la caseta en el interior de la residencia”, apuntan desde la Guardia Civil. (Los vecinos de Pablo Iglesias descubren la presencia de criados en su mansión)



De hecho, el Ayuntamiento de Galapagar ya ha concedido los permisos necesarios para su construcción, por lo que solo falta que la Guardia Civil instale la caseta.

"Generalmente, se necesitan unos cinco agentes a la semana para cubrir los distintos turnos y descansos, ya que en cada turno solo hay un operativo", señala un miembro del consistorio dirigido por el PP.



“Siempre que es posible, se elige la opción de instalar la caseta en el interior de la residencia”

El cuartelillo de la Guardia Civil en Galapagar tiene 35 agentes, y en cada turno suele haber dos patrullas que se encargan de la seguridad ciudadana del municipio.

"Una de ellas debe estar de apoyo por si sucede algún incidente en el domicilio de los dos protegidos. Mientras no sea requerida, está con su trabajo diario por las calles de Galapagar y localidades aledañas". 



Ahora es Interior quién corre con los gastos que conlleva la seguridad de Iglesias y Montero, pero antes era el propio partido morado. (El casoplón de Iglesias puede ser derribado)

Podemos contrató a la empresa Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección (Sehivipro), a la que pagaban 2.286 euros por nueve días.
 

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