Los ciudadanos españoles pagamos los excesos que desde la Generalitat se están cometiendo con dinero público en favor de los intereses de Carles Puigdemont, el político fugado de la justicia española. Hasta 15 agentes de los Mossos d´Esquadra vigilan durante las 24 horas del días y en tres turnos el domicilio en Gerona de Puigdemont.
Puigdemont, como Pablo Iglesias
La situación es muy similar a la que se vive en Galapagar con las medidas de seguridad que se han desplegado en la mansión que Pablo Iglesias e Irene Montero poseen en esa localidad.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido intervenir para estudiar la situación y decidir si la numerosa escolta de los Mossos d´Esquadra que está al servicio del prófugo está justificada y si el despliegue de medios constituye un delito de malversación y prevaricación, según informa Crónica Global.
La Fiscalía de Gerona se ha inhibido en favor del alto tribunal por la condición de aforado de Miquel Buch, el consejero de Interior de la Generalitat, de quien depende el despliegue de medios policiales.
Denuncia por malversación y prevaricación
Meses atrás una exagente de los Mossos, Inma Alcolea, presentó una denuncia en Fiscalía recordando que el Ministerio del Interior dictaminó que el expresidente no tiene derecho a escolta. Alcolea acusaba en su denuncia de delitos de malversación y prevaricación al consejero de Interior, Miquel Buch; el director general de la policía, Pere Ferrer, los mossos Josep Milán, jefe de la Región de Girona; Xavier Domenech, jefe del Área Básica policial de Girona, y Josep Sala, subjefe.
Pero el domicilio que habita Marcela Topor, la esposa del político huido, está vigilado las 24 horas del día por dos agentes que se van relevando en tres turnos de ocho horas.
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Y la Justicia debe decidir ahora si es legítimo que se emplee dinero público en proteger el domicilio de un fugado de la propia Justicia española.
La broma cuesta 33.000 euros al mes
Teniendo en cuenta que cada Mosso enviado a este destino cobra 2.200 euros mensuales de dinero público, el coste del despliegue se eleva a 33.000 euros mensuales.
El fundamento de la denuncia se basa en que Carles Puigdemont “ni es autoridad pública y se encuentra suspendido en funciones”.
Es la versión catalana del caso de Pablo Iglesias. En ambos casos la ciudadanía tiene que pagar con sus impuestos un trato de favor a los dos políticos cuando la crisis económica que azota a España exige destinar el dinero a otras causas más acuciantes. Y en el caso de Puigdemont el despilfarro es aún más escandaloso porque... ¡no es nadie!