Un estudio realizado por Ipsos entre el 3 y el 8 de abril a más de 2.000 ciudadanos de entre 16 y 65 años ha dejado en mal lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
El peor parado ha sido el líder de Unidas Podemos y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. El 56% de los encuestados ha calificado de mala o muy mala su gestión. Solo el 20% le da un aprobado. (Carlos Herrera plantea esta directa y mordaz pregunta sobre los muertos 'de' Pedro Sánchez)
Por su parte, el presidente del Gobierno también ha realizado una mala gestión para el 51% de los encuestados aunque, en este caso, el 25% defiende sus decisiones.
Los encuestados también han dado aprobados. Uno de ellos lo tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Uno de cada tres considera que lo está haciendo bien o muy bien.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el Rey Felipe VI también se han ganado el aprobado de los encuestados y salen reforzados de la crisis del coronavirus.
En lo que respecta a la percepción sobre las diferentes instituciones, el Ejército español (76% de los encuestados aplauden su gestión) y los Ayuntamientos (43%) acompañan a los sanitarios como los mejor valorados.
En lado opuesto, está la Comisión Europea. Los españoles han sido muy críticos con el papel que ha tenido en estas semanas y el 51% les ha suspendido.
Respecto a las medidas sanitarias, los encuestados han señalado que las más efectivas han sido sacar a las calles a la Unidad Militar de Emergencia (77 %), construir hospitales de emergencia (71 %), el control del confinamiento de la población (60 %) y la paralización de toda la actividad económica no esencial (57 %). (La crisis del coronavirus llevará a Pedro Sánchez ante la justicia acusado de prevaricación)
Las medidas económicas
Las medidas económicas más aplaudidas por los españoles han sido garantizar los servicios esenciales (luz, agua...) y la flexibilización de las jornadas laborales con un 79% y 70%, respectivamente.
Las más criticadas hasta la fecha han sido las implicaciones en el gasto público (58%) y la provisión de avales destinados a la financiación de empresas privadas (57%).