Este jueves, se votará en el Parlament el decreto ley creado por el Govern de Cataluña para avalar a los 34 condenados por el procés que deben saldar su deuda con el Tribunal de Cuentas. Y lo hará sabiendo si dichos avales son legales o ilegales.
Es decir, este jueves podemos volver a tener una nueva dosis de delincuencia en el Parlament, como si no hubiéramos tenido ya bastante.
Y es que la votación se llevará a cabo inmediatamente después de que se conozca el informe del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que dictaminará en un informe solicitado por PSC, PPC y Cs, si es constitucional y se adapta al Estatut semejante norma.
Dicho dictamen posiblemente será similar al de la Abogacía del Estado, que deberá analizar cuanto antes la legalidad o no de los avales.
De este modo, cuando el pleno de la cámara catalana decida si dice 'sí' o 'no' a avalar los 5,4 millones de euros que exige el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés, por promocionar la independencia fuera de las fronteras catalanas y españolas, ya sabrá si dichos avales tienen o no futuro o si acabarán siendo desestimados.
Esto significa, en el caso de que el CGE informe en negativo sobre dichos avales, que podemos vivir un nuevo pulso a la justicia por parte de los diputados catalanes, que cuentan con mayoría independentista.
El PSC, la clave
Una vez que se apruebe, como todo indica que ocurrirá (salvo que el informe sea negativo y los grupos decidan hacer caso de su dictamen), el decreto podrá sustanciarse durante más de un mes, concretamente hasta el 15 de septiembre, teniendo en cuenta que en agosto hay 15 días inhábiles.
La intención de ERC es conseguir que el PSC se abstenga, pero en teoría eso no sucederá con un dictamen negativo del CGE: "Si no actúan dentro de la legalidad, actuaremos como creamos que lo tengamos que hacer", ha advertido la portavoz del PSC, Alicia Romero.
No sería la primera vez que donde dicen una cosa acaban haciendo la contraria por agradar a sus socios independentistas. Veremos...