El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont presentó una denuncia contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha tenido que responder ante la justicia y contratar los servicios de un abogado.
La demanda civil se presentó en Bélgica en junio de 2018 y Puigdemont señaló a Llarena por haber "atacado su reputación y su honor" tras unas declaraciones del magistrado ante la prensa.
La gran mentira de las selecciones catalanas ha servido para financiar a Puigdemont
"Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo Llarena en su dia cuando le preguntaron si en España había "presos políticos".
Para defender a Llarena, la Abogacía del Estado contrató a Hakim Boularbah, que ha facturado al Gobierno de España unos honorarios de 166.628,62 euros, según ha señalado El Español.
El secreto mejor guardado de Puigdemont: Franco le puso un estanco a su abuela
Sin embargo, El Nacional ha explicado que los gastos judiciales por la denuncia de Carles Puigdemont en 2018 ascienden hasta los 545.000 euros que el Gobierno de España tendrá que pagar.
La 'broma' de Carles Puigdemont le ha salido muy cara a España aunque la justicia de Bélgica, dos años después, ha decidido rechazar la acción legal del expresidente catalán tras las alegaciones expuestas por Boularbah.
El deseo de Jordi Cañas para el año 2021: "Puigdemont detenido, juzgado y condenado"
Resistencia inicial del Estado
En un principio, el Estado español se opuso a asumir la defensa legal del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena pero Dolores Delgado, ministra de Justicia por aquel entonces, acabó autorizando la contratación de Boularbah.
A pesar de no lograr su objetivo, que era que Pablo Llarena fuese condenado, Puigdemont no está del todo descontento ya que ha conseguido que España haga un gran desembolso de dinero.