Otegi ya toca lo que no suena: Bautiza al País Vasco con el nombre de "Comunidad Estatal Vasca"

Otegi cree que el texto del articulado del nuevo estatuto supone "un pasito para atrás" respecto al Plan Ibarretxe

03 de Diciembre de 2019
Otegi ya toca lo que no suena: Bautiza al País Vasco con el nombre de "Comunidad Estatal Vasca"
Otegi ya toca lo que no suena: Bautiza al País Vasco con el nombre de "Comunidad Estatal Vasca"

Arnaldo Otegi parece dispuesto a tocar lo que no suena complicando la situación vasca en la línea catalana e incorporando el concepto de "estado" a la realidad política vasca.

EH Bildu ha propuesto un texto articulado de "nuevo Estatus" para la Comunidad Autónoma Vasca, a la que denomina "Comunidad Estatal Vasca", que tendría derecho a decidir, una relación "de naturaleza confederal", de "igual a igual" con el Estado, y podría convocar referéndum. Además, reclama "la nacionalidad vasca" y el "carácter nacional de Euskal Herria", y critica que el documento de PNV, Podemos y PSE-EE asuma "plenamente el marco autonómico" cuando se tenía que haber dado "un salto" a un modelo "confederal".

El jurista propuesto por EH Bildu, Iñigo Urrutia, ha entregado a la presidenta de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, Jone Berriozabal, un escrito en el que expresa su "total discrepancia" con el documento de nuevo Estatuto planteado por los expertos elegidos por PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, al entender que "no es fiel" al documento de 'Bases consensuadas para la actualización del Autogobierno', suscrita entre jeltzales y la coalición soberanista.

Por ello, presenta su propia propuesta de texto articulado de "nuevo estatus político" y cree que, en el documento 'a tres', el acuerdo de bases aprobado en la ponencia "resulta irreconocible y ha sido ignorado".

En este sentido, advierte de que la comisión de juristas "no puede sustituir a la ponencia parlamentaria, alterando los parámetros acordados", y ha apuntado que PNV y EH Bildu, cuando aprobaron las bases, "no fijaron límite constitucional alguno al trabajo de desarrollo articulado".

Además, se ha referido al Plan Ibarretxe, para recordar que, con un contenido similar al de los fundamentos pactados entre jeltzales y coalición soberanista, se tramitó en 2004 en la Cámara vasca mediante el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía.

También ha añadido que estos principios podían ser desarrollados en "una interpretación expansiva de los derechos históricos y su actualización". Cumplido el trabajo de los expertos, Iñigo Urrutia señala que corresponderá a los grupos parlamentarios valorar cómo gestionar el documento y cita varias posibilidades: instar a una reforma constitucional en paralelo o no; y tramitar el documento de forma parcial o de forma íntegra", que entrará ya en la gestión de los políticos.

En caso a la posibilidad de que el Parlamento instara una modificación constitucional, ha dicho que, si se entiende que "el modelo de Concierto Económico tiene naturaleza confederal, y se soporta sobre la base de una disposición adicional en la Constitución (y en el Estatuto de Gernika), no debiera exigirse mucha mayor literatura jurídica para soportar constitucionalmente el 'Concierto Político'" por el que aboga.

Divergencias en el principio de territoriedad

Urrutia asegura que sus divergencias con el texto articulado, respaldado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, radican especialmente en cuanto "a la naturaleza jurídico-política del sujeto, en el enfoque del principio de territorialidad, en materia de las capacidades y competencias, de garantía de los derechos reconocidos, en la configuración del 'Concierto Político' --término, por cierto, que el texto de la mayoría omite--, en el ámbito de las relaciones entre ordenamientos jurídicos, en el sistema de resolución de conflictos competenciales" y en el derecho a decidir.

A su entender, el texto de la mayoría "asume plenamente el marco autonómico y configura una Comunidad Autónoma" de Euskadi, cuando se tenía que dar "forma jurídica a un sujeto con una naturaleza diferente al autonómico que permita una relación singular y bilateral, de naturaleza confederal, con el Estado español", que "se podía haber articulado jurídicamente sobre la base de la actualización de los derechos históricos y del principio democrático".

Asimismo, cree que se tenía que haber establecido un "sistema bilateral de garantías con el Estado que impida una modificación unilateral del pacto", articulado "en torno a un nuevo sujeto jurídico político". De esta forma, a través de un 'Concierto Político', cree que se debería haber contemplado "una relación verdaderamente bilateral basada en el principio de igualdad política" con el Estado.

El jurista de EH Bildu denominado en su texto a la actual Comunidad Autónoma Vasca como "Comunidad Estatal Vasca", con "posibilidades de articulación en clave interna" con Navarra y el País Vasco francés. Además, defiende que se abra la posibilidad de "articulación de una confederación en clave interna".

La nacionalidad vasca

También ha reivindicado el "carácter nacional de Euskal Herria, y la articulación de la nacionalidad vasca". En este sentido, recuerda que el texto apoyado por la mayoría se refiere a la "identidad nacional", pero "no contiene referencia alguna al concepto de nacionalidad vasca", como se mandataba en el pacto PNV-EH Bildu.

Asimismo, cree que el documento ahora propuesto por jeltzales, Podemos y PSE, se ha limitado a incluir ámbitos competenciales que ya contienen otros estatutos de autonomía. A su juicio, "ámbitos tan importantes como todo lo relativo al socio laboral, de empleo, Seguridad Social, promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del país, comercio, consumo, industria, etc, las facultades exclusivas, capacidad legislativa y de ejecución en tales ámbitos, de las que hablan las bases, han sido desconocidas".

"Tales materias se han reconducido al régimen autonómico actualmente vigente, con una evidente falta de ambición, que no supone un paso adelante cualitativo", ha añadido, para subrayar que "ello también se aprecia en otros ámbitos", como "las selecciones deportivas nacionales vascas".

Tampoco cree que se ha cumplido el mandato de que "la administración vasca debiera ser la única responsable de la ejecución de las normas en su territorio, independientemente de quien las haya dictado".

Iñigo Urrutia también lamenta que el texto articulado mayoritario solo prevea "una Comisión Mixta de Cooperación /de Concierto Político que actuaría en la fase prelegislativa de la normativa del Estado español", lo que aleja de la "bilateralidad". "No hay sala especial en el Tribunal Constitucional ni instancia alguna que lo sustituya", ha añadido.

La propuesta de nuevo estatus de Urrutia recoge la creación del "Tribunal de Conflictos Comunidad Estatal Vasca-Estado que requeriría la modificación de la LOTC y de la LOPJ", un sistema de garantías que se extendería a la "vulneración o incumplimiento de algún derecho reconocido en el Estatuto Político".

"Pase foral" y derecho a decidir

Además, defiende que se pudiera recurrir al "pase foral", que supone no aplicar en Euskadi "la iniciativa o actuación estatal" hasta que el recurso no se ha resuelto.

En cuanto al derecho a decidir, reprocha que el documento mayoritario incluya "versiones alternativas en el mismo artículo", algo que no considera "aceptable" que, además, son "insuficientes". En su opinión, el derecho a decidir se debería haber configurado "con mucha mayor centralidad, en la medida que es un principio troncal del nuevo estatus".

En su escrito, el jurista de EH Bildu defiende el derecho a decidir "como pilar del nuevo estatus político" y la potestad de establecer "la convocatoria de los instrumentos de participación ciudadana y de democracia directa".

Asimismo, regula "un procedimiento para poder ejercer el derecho a decidir, en el marco de una eventual modificación total del marco de relación con el Estado español". De esta forma, en su artículo 170, "establece cuál sería el procedimiento", con su aprobación en el Parlamento Vasco y posterior referéndum, "seguido de un procedimiento de negociación con el Estado para fijar los términos de la nueva relación futura".