Una de las principales premisas del independentismo catalán es asegurar la supremacía de la lengua catalana sobre el castellano en todo el territorio económico, en busca de una segregación lingüística que aparte de la sociedad catalana a todos aquellos que no hablen fluidamente la lengua autonómica.
Obsesión con imponer la lengua catalana, especialmente en las escuelas, que ha obligado a la Justicia española, personada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), apoyado por el Tribunal Supremo (TS) a dictaminar una sentencia que obligue a los colegios públicos catalanes a ofrecer un 25% de las asignaturas en castellano.
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Una sentencia que desde algunos colegios independentistas, así como desde varios partidos secesionistas, se ha propuesto desobedecer, apostando los radicales independentistas por la desobediencia judicial para garantizar la completa 'inmersión lingüística' de los menores catalanes.
Apuesta del independentismo más radical ante la que ya ha contstado el TSJC, dictando decreto de firmeza de la sentencia, y dando un plazo definitivo de diez días para que la Generalitat ejecute el contenido del fallo, exigiéndose desde el ente judicial que se comunique cuál será el órgano encargado de cumplir con la obligatoriedad del 25% de castellano en las escuelas.
La CUP insta al Govern a desobedecer
Un órdago del Poder Judicial ante los rumores de desacato de los secesionistas que no ha gustado entre las filas de la CUP, cuyos líderes han vuelto a utilizar las redes sociales para exigir a Pere Aragonès que desafíe a la sentencia nacional.
"Esta sentencia no debe ser aplicada" ha manifestado el diputado de la CUP Carles Riera "Por el bien común y compartido de la lengua catalana. Por la inclusión y la cohesión. Defendemos nuestras escuelas".
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Palabras ante las que el president de la Generalitat no ha reaccionado, aunque sí ha defendido ferviertemente, desde su cuenta de Twitter, la necesidad de proteger la inmersión lingüstica catalana, dando así a entender que, tal y como desean los radicales secesionistas, la Generalitat no obedecerá el mandato de Justicia.
"El catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco [...] no permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social" ha destacado, asegurando que su Ejecutivo se encuentra trabajando para "afianzar el modelo de escuela catalana".