El pasado 14 de marzo de 2020, España entera entraba en un Estado de Alarma que obligaba a todos los ciudadanos a permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, debido a la llegada del conocido como virus de Wuhan, el Covid-19.
Una situación de extrema gravedad sanitaria que pillaba 'desprevenido' al Gobierno de España, a pesar de las previas advertencias de la OMS, y que obligaba al Ejecutivo a tomar medidas a toda velocidad, incluyendo la compra de material sanitario.
Un material sanitario, proveniente principalmente de China, que resultaba ser defectuoso, y que dejaba a los centros médicos de España completamente desprotegidos contra la pandemia, viéndose obligado el personal sanitario a improvisar trajes de protección con bolsas de basura, mascarillas con telas caseras, etc.
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"El sector se puso al servicio de las administraciones, sobre todo del Ministerio de Sanidad y del de Industria, si bien es cierto que nunca han contado con el sector a la hora del asesoramiento en relación a la compra de material" se lamenta ahora Luis Gil. secretario general de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL),e n una entrevista para El Mundo.
Y es que, desde la asociación de fabricantes de EPI, a pesar de entender la premura del Ejecutivo, aún no consiguen dar explicación a la falta de coordinación entre el Gobierno de España y las empresas fabricantes de material sanitario del país.
"La información que tenemos sobre estas compras (de material defectuoso chino) es que se hizo, por un lado, de urgencia, lo cual entendemos, pero mediante empresas que eran ajenas a este tipo de productos" critica Gil "Teniendo aquí un sector maduro, con empresas relevantes y en constante colaboración con el Ministerio, que no hayan tenido en cuenta al sector a la hora de haber realizado aquellas compras nos llamó muchísimo la atención".
Un descontrol sobre el material sanitario que todavía parece no ser controlado desde el Gobierno, ya que se han comercializado, en estos últimos meses, "un alto porcentaje de productos que no cumplían con los requisitos de filtración que decían cumplir".
Se refiere Gil a la venta de mascarillas sin certificado CE que, pese a que se permitió su comercialización durante los primeros meses debido a la falta de material con certificado, provocó que ahora miles de ciudadanos no cuenten con la protección adecuada, mientras que el Ejecutivo aún no ha tomado medidas para evitar que sigan circulando estos productos.
"Confían en que el mercado se autorregule y que en él se termine encontrando sólo productos seguros" lamenta GIl "pero no nos consta que haya alguna actuación coordinada actualmente".
Medio millón invertido para su propia protección
Pero esta situación de descontrol y de materiales defectuosos, que afectaron especialmente a los trabajadores del sector sanitario, parece no haberse producido a la hora de proteger a los miembros del Consejo de Ministros, así como a los altos cargos del Ejecutivo y otros cargos de instituciones del Estado.
Tal y como señala OKDiario, el Gobierno de Pedro Sánchez habría destinado más de 500.000 euros en equipar a sus coches oficiales con material anti-Covid.
En concreto, 521.000 euros en hasta 37 contratos, en los que el Ejecutivo adquirió de forma urgente productos de protección para sus vehiculos, mientras que la escasez de materiales sanitarios, y de fondos para ello, destacaba en otros ámbitos, incluyendo la falta de guantes y mascarillas para la ciudadanía.
169.835 euros fueron invertidos por el Ejecutivo para la desinfección de los vehículos, a pocas horas de declarar el Estado de Alarma en España, para evitar, según Moncloa, someter a "un grave peligro" la salud "de los usuarios de los servicios".
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De igual manera, dos contratos "menores" de 28.000 euros fueron destinados a la compra de 200 "mamparas de seguridad" para estos vehiculos; meses después, se activó un tercer contrato, de 19.384 euros, para la compra de una segunda remesa de 267 mamparas.
Pero tal vez la compra más escandalosa, no por cantidad, sino por importancia, fue la de la adquisición de miles de mascarillas FFP2, las más seguras, para los chóferes y el personal administrativo; una compra de casi 2.000 euros por unas mascarillas que, en el mercado, estuvieron fuera de la bajada del IVA para los ciudadanos, a pesar de ser las más recomendadas frente al Covid-19.