Ana Julia Quezada es la primera mujer que se enfrenta a una condena de prisión permanente por el asesinato de Gabriel, de ocho años.
La solicita la Fiscalía y la acusación particular ejercida por los padres del niño. Su defensa pide que sea condenada por un homicidio imprudente o de forma subsidiaria por homicidio doloso, una horquilla de entre tres y diez años.
Sin embargo, sus abogados Esteban Hernández y Beatriz Gámez, del turno de oficio, estaban dispuestos a que Ana Julia aceptara una pena mayor–de hasta quince años, la máxima por homicidio–. Eso, antes de llegar a juicio.
Los letrados ofrecieron a la parte contraria un pacto, alcanzar una conformidad durante la instrucción del caso con un doble objetivo, según explicaron a ABC.
El motivo: evitar la pena máxima
La razón fundamental era evitar a los padres pasar por el trance de un juicio y tener que revivir los peores días de su vida, argumentan.
El otro motivo, menos altruista, era alejar de Ana Julia el horizonte de la máxima pena y tal vez poder rebajar las cantidades que le reclama la Fiscalía en concepto de reparación del daño moral: 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en concepto de lesiones psíquicas y secuelas. Pero fue un pacto fallido.
El abogado que representa a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, Francisco Torres, considera que Ana Julia cometió un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de dos delitos de lesiones psíquicas y dos contra la integridad moral.