"Lo que ha hecho el Supremo no tiene nombre [...] Es una infamia absoluta, es un castigo político. Que el Tribunal Supremo se dedique a perseguir a diputados porque son de izquierdas pone en riesgo la separación de poderes y la democracia en España".
Con estas palabras, el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, criticaba la condena contra el diputado podemita Alberto Rodríguez por agredir a un agente de policía.
Palabras que eran repetidas desde Unidas Podemos, cuya actual líder, Ione Belarra, llegaba a criticar en sus redes sociales que el "Supremo presiona a la Presidencia (Meritxell Batet) para retirárselo (el escaño a Rodríguez) aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación".
Acusaciones al Poder Judicial que no es la primera vez que se producen desde la formación morada, que también acusaban a los principales órganos judiciales de 'perseguir' a sus miembros en casos tan mediáticos como el de Isa Serra o el 'caso Dina'.
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Victimismo de la formación morada que, sin embargo, no se corresponde con la realidad judicial de Unidas Podemos: y es que, como es su deber, el Poder Judicial analiza y juzga aquellos actos que puedan ser considerados delitos, independientemente de quién los cometa, su ideología política o su posición dentro del Poder Ejecutivo.
Algo que queda demostrado con los números arrojados desde los tribunales: y es que, desde la creación del partido hasta la actualidad, el Tribunal Supremo ha desestimado 29 querellas contra la formación morada, 23 de ellas contra Pablo Iglesias, por diversos delitos, entre los que se encuentran el blanqueo de capitales, delitos electorales, injurias o malversación.
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Sin embargo, estas querellas archivadas desde los tribunales contra la formación de Pablo Iglesias no entran en el discurso de Unidas Podemos, que sigue asegurando que la Justicia española, respondiendo a su carácter conservador, busca 'hundir' a los dirigentes de izquierdas bajo falsas demandas y condenas.
Una estrategia propagandística, centrada en convertir a la formación morada en la 'víctima' del Poder Judicial, que también es utilizada desde los partidos independentistas catalanes, cuyos líderes aseguran estar siendo perseguidos por la Justicia española y, por ende, por el Estado español opresor.
Acusaciones que han provocado que, desde diferentes organismos del Poder Judicial, se hayan mandado ya varios avisos de injerencia del Poder Ejecutivo en su labor, así como declaraciones que minan "las relaciones entre los dos poderes" y "la imagen" de los tribunales y sus magistrados.
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Así pues, tras las últimas declaraciones de Belarra sobre Alberto Rodríguez, el Consejo General del Poder Judicial mostraba su "absoluto y rotundo rechazo" a las acusaciones, "especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados".
"No menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas, y dentro de ellas, el poder Judicial" señalan desde el Consejo, en un aviso válido por igual a Unidas Podemos y los partidos independentistas catalanes.