¡El mundo al revés! Carles Puigdemont y sus abogados están buscando la manera de buscarle las cosquillas al juez Llarena sometiéndole a juicio "por parcial" ante la justicia belga. Todo ello, mientras la propia justicia belga espera el dictamen de la Unión Europea para decidir sobre su extradición a España.
Los abogados del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont han solicitado hoy a la Justicia belga que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) para aclarar si el juez que le ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el Reino de España tienen inmunidad de jurisdicción o puede ser juzgado en Bélgica por su supuesta falta de imparcialidad. (La pataleta de Puigdemont contra Llarena al comprobar que sigue teniendo una celda al lado de Junqueras)
Demanda civil contra el juez Llarena
Así lo han solicitado durante la vista que se celebra en un juzgado de lo civil del Tribunal francófono de Bruselas formado por tres jueces, cuya decisión sobre si ven necesario acudir al TUE o se consideran competentes para resolver sobre este asunto no se conocerá hasta dentro de semanas, según estiman las partes.
A la vista no ha acudido Puigdemont, pero sí dos de los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bélgica y firman la demanda civil presentada contra Llarena ante la Justicia bruselense: Clara Ponsatí y Toni Comín. También son demandantes Lluis Puig y Meritxel Serret.
El equipo legal de los políticos independentistas ha denunciado "objetivos políticos" en la causa del 'procés' y acusado a España de ignorar dictámenes internacionales y "ponerse del lado de países que violan los Derechos Humanos", en palabras de uno de sus abogados, Christophe Marchand.
Es el mecanismo de defensa que han activado ante el progreso de la nueva euroorden que pesa contra él para ser extraditado a España acusado de un delito de rebelión por el que debe ser juzgado. (¡¡De locos!! La justicia belga juzgará el juez Llarena por una denuncia de Puigdemont)
Otro de los letrados, Marc Snoeck, ha argumentado que en este caso evocar la inmunidad de jurisdicción es "totalmente contrario al Derecho europeo", porque los Estados miembro asumen ante los ciudadanos una responsabilidad civil cuando vulneran el Derecho comunitario y por tanto debe ser posible llevarlos a Luxemburgo para responder por dicha responsabilidad.
Por ello, han solicitado que el tribunal consulte al TUE si la inmunidad de Estado "es conforme con el orden jurídico especial y autónomo europeo", ha expuesto Snoeck, dejando abierta la redacción definitiva de la duda, si finalmente se cursara.
La versión de los abogados de Llarena
Los abogados que defienden a Llarena y a España, sin embargo, han rechazado de plano que la Justicia belga deba elevar el asunto al Tribunal europeo, primero porque creen que no compete al derecho europeo y, segundo, porque el proceso no está aún en la última instancia (Tribunal de Casación en Bélgica).
Además, la defensa de Llarena insiste en que la inmunidad de Estado es una cuestión que depende del Derecho internacional público y no del europeo, que no sería por tanto competente para pronunciarse sobre su definición o validez. (La desgarradora carta de una vecina indignada del juez Llarena)
El abogado belga de Llarena, Hakim Boularbah, ha advertido al Tribunal de que la demanda contra el juez instructor español es un "intento evidente de desestabilizar" a Llarena, al que "quieren obligar a defenderse en un orden jurídico que no conoce, en un idioma que no controla", con el objetivo final de "recusar" al magistrado. También, ha recalcado, es un intento por "exportar" el desafío independentista al exterior y obligar a la Justicia belga a tomar partido.
La defensa de España y Llarena también han llamado la atención del tribunal belga sobre el hecho de que Puigdemont y el resto de demandantes han evitado acudir a la Justicia española para denunciar este caso, a pesar de que hay procedimientos específicos si temen parcialidad del juez y vías para presentar demandas civiles, pero que no lo han hecho y han preferido dirigirse directamente a las instancias belgas.
"Hoy estamos aquí porque los demandantes han decidido acudir a los Tribunales belgas a pesar de haber renunciado ir ante los españoles", ha remachado el abogado.
Demanda por un euro
El caso se remonta a junio de 2018, cuando Puigdemont y cuatro de sus exconsellers denunciaron ante los tribunales belgas que la instrucción llevada a cabo por Llarena supuso una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y pidieron una compensación de un euro simbólico.
Ya en marzo del año siguiente, la defensa de los políticos independentistas amplió la demanda para incluir al Reino de España, un movimiento con el que aspiran a impulsar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En las vistas preliminares del caso, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó además que España pudiera personarse en la causa, una petición que prosperó y que los abogados de Puigdemont y de los otros cuatro políticos catalanes huidos con él a Bélgica han interpretado como una oportunidad para demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo.
Los demandantes acusan también al Reino de España de cometer "violaciones sistémicas" del derecho europeo contra la "minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho".
También cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.
Es un caso de buenos y malos en el que los malos pretenden pasarse de listos haciendo ver que son buenos. (El llorón Puigdemont y sus abogados intentan dar pena en la Eurocámara)