El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por unanimidad los dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley conocido como 'solo sí es sí', del Ministerio de Igualdad.
Los 21 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial han cuestionado el punto que habla del consentimiento expreso y el de la supresión de la distinción entre abuso y violación.
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El órgano de gobierno de los jueces ha apoyado el crítico informe que redactaron los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández sobre este anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual.
El anteproyecto del Ministerio de Igualdad explica que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".
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El CGPJ ha señalado que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de la agresión sexual puede comportar una "inversión de la carga de la prueba".
"Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", han dicho los jueces.
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Asimismo, el CGPJ ha indicado que no se evitará la "victimización secundaria" ya que esto "provocará que los interrogatorios se centren en el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual”.
En el segundo aspecto, el Gobierno opta por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual. Es decir, que todos los delitos sean considerados violación.
Los jueces discrepan
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) piensa que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima al no castigar con penas mayores a aquellas personas que cometan delitos más graves.
Como solución, los magistrados proponen una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior. A pesar de este informe, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha asegurado que la ley saldrá adelante.