El juicio por el proceso independentista en Cataluña ha quedado visto para sentencia después de cuatro meses y 52 sesiones, y una vez que el tribunal ha escuchado una vez más a los doce acusados en sus alegatos finales.
El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, no se ha explayado y simplemente ha concluido este macrojuicio con un sencillo "visto para sentencia", tras lo cual el público ha abandonado la sala, así como los abogados y los acusados, nueve los cuales han emprendido de nuevo su camino a la prisión de Soto del Real, donde han estado internados durante toda la celebración de la vista oral.
La última sesión de este juicio se ha limitado a escuchar los últimos informes de las defensas y los turnos de última palabra de los acusados. Todos han hecho uso de este derecho que les da la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la mayoría han empleado casi la totalidad de los 15 minutos que les había otorgado el tribunal.
Durante estos cuatro meses exactos de juicio, los siete magistrados han escuchado a los doce acusados, 422 testigos --entre políticos, guardias civiles, policías nacionales, mossos, visitantes internacionales, votantes y otros miembros de la sociedad civil-- y una docena de peritos. También han visionado cerca de 200 vídeos de lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, tras lo cual llegó el momento de los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas.
Los últimos alegatos de los acusados se han extendido durante unas dos horas, en las que casi todos han apelado al tribunal para que dicte una sentencia que "solucione" lo que han denominado como un "problema político" que el Poder Judicial no puede corregir. En esos últimos alegatos ha quedado claro que no existe en ellos el más mínimo síntoma de arrepentimiento acerca de lo que han hecho. A fuerza de repetir sus mentiras se las han acabado creyendo.
Junqueras: "Defender la república desde un parlamento no es delito"
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras apeló durante su turno de última palabra en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo a devolver la cuestión del conflicto catalán a "la política, la buena política, de la que nunca debería haber salido, al terreno de la negociación, el diálogo y el acuerdo".
"Mientras tanto, mi trabajo deber ser el de contribuir siempre, a traves del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común", ha manifestado Junqueras ante el tribunal que le ha juzgado.
Utilizando sólo unos pocos minutos de los 15 de los que disponía, ha asegurado que mantiene sus "convicciones políticas y religiosas" y que las comparte "con todos aquellos que creen que defender la república desde un parlamento no puede constituir delito", siempre "desde el respeto a las libertades fundamentales y los Derechos Humanos".
Junqueras ha apoyado su disertación en un papel en el que tenía escritas sus palabras y ha sacado sus gafas para poder leer. Lo primero que ha hecho ha sido agradecer al tribunal haberle "dado voz tras tanto tiempo privado de ella". "A ustedes que escuchan en rimas dispersas el ritmo de mis palabras. Hablar y escuchar es la frase de cualquier entendimiento", ha citado Junqueras, parafraseando al poeta Petrarca, que, según ha explicado, estudió en su juventud en el Liceo Italiano.
El exvicepresidente catalán, acusado en este juicio de rebelión, sedición, organización criminal y malversación de caudales públicos y que se enfrenta a una petición fiscal de 25 años de prisión, se ha definido como un "padre de familia y profesor" cuya "dedicación a la política" llegó "tardía por la voluntad de ser útil" y por la "voluntad de construir un mundo mejor".
"Es difícil precisar cuándo adquirimos nuestras convicciones políticas, en mi caso pacíficas, republicanas y cristianas. Todas mis acciones demuestran mi respeto por la bondad y la dignidad humanas. Todos los que me conocen seguro que son perfectamente conscientes de ello, incluidas las acusaciones de este juicio", ha señalado.
Según ha expuesto el exvicepresidente catalán, "cualquier político comete errores", aunque ha querido dejar claro ante el tribunal que le ha juzgado que "siempre" ha evitado "esa mala política que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo".
Así, dirigiéndose directamente a los siete magistrados, Junqueras ha manifestado que entiende que "les han pasado a la responsabilidad de dictar sentencia" sobre lo que fue el proceso independentista catalán, pero ha subrayado que "lo mejor para todos sería devolver la cuestión a la política, la buena política, al terreno de la negociación, el diálogo y el acuerdo".
Cuixart: "Lo volvería a hacer"
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado ante el Tribunal Supremo que no se arrepiente de haber convocado la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 y ha aprovechado su alegato final para llamar a los ciudadanos catalanes a una "movilización pacífica, permanente y democrática".
"Desde la tercera fila del banco de los acusados escuché que hice llamamientos a la movilización permanente. Es verdad, sí lo hice y tengo la obligación moral del volverlo hacer desde aquí", ha dicho Cuixart en su uso de última palabra, que ha instado a los "catalanes y catalanas" a seguir manifestándose "sin ningún tipo de reparo" y con el objetivo de "mejorar" la sociedad.
"Lo que hicimos el 20 de septiembre fue una protesta. No estábamos de acuerdo con una decisión", ha indicado sobre el acontecimiento principal por el que la Fiscalía solicita 17 años de prisión por un delito de rebelión. Asimismo, ha apuntado que el 1-O fue un acto "desobediencia civil en toda regla", que no puede tener "reproche penal", pues, según ha señalado, fue una "muestra de compromiso con la sociedad" en el que los ciudadanos "salieron a la calle con actitud pacífica y democrática", aún sabiendo "que se estaba pegando a la gente".
Cuixart ha asegurado que se trata de un "juicio político" y "a la democracia" porque se le ha acusado a él y a los otros 11 procesados por "ejercer derechos fundamentales" y por ello se ha calificado como un "preso político".
El líder de Òmnium Cultural, que ha agotado los 15 minutos que el tribunal le ha concedido para esta intervención, ha comenzado diciendo que "siempre" ha actuado "con coherencia y con compromiso social" y que por eso no se arrepiente por los hechos del 20-S. "Todo lo que hice lo volvería hacer porque estoy convencido de que lo tenía que hacer", ha subrayado.
Asimismo, aunque considera que su entrada en prisión "no es legítima" y que sus abogados hayan pedido su puesta en libertad, ha reconocido que no es su "prioridad" salir de ella, ya que es "un altavoz que nos permite denunciar de una manera contundente la vulneración de derechos".
De hecho, Cuixart ha querido explicar al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que uno de los problemas de la sociedad es "permitir que demócratas estemos acusados por la extrema derecha", en alusión a Vox, que ejerce la acusación popular en este procedimiento y que pide las penas más severas para los acusados.
"El problema que tenemos es la obediencia civil, que hacemos que los océanos sean mares de plástico, que inmigrantes se mueran en las costas", así como que "se voten a gobernantes" que permitan hacer "un rescate a la banca" al mismo tiempo que "desahucios" o "personas en exclusión social", ha dicho.
Asimismo, ha recalcado que en este juicio se han "buscado enemigos" y que por ello no se han dejado "expresar con normalidad" a los testigos que solicitó su defensa, ejercida por Marina Roig, "por miedo a escuchar, a empatizar unos con otros".
Con todo ello, Cuixart ha finalizado su alegato advirtiendo de que del "resultado de este juicio" va a depender "la calidad del Estado español", que, en su opinión, tendrá consecuencia no solo en Barcelona, sino en todas las ciudades de España.
Y ha asegurado que sea cual sea la resolución del Tribunal Supremo, el movimiento independentista "no va a caer en la frustración" y tampoco va a dejar de "luchar por el derecho a la autodeterminación": "Si la violencia policial no pudo con millones de personas, ¿alguien se cree que una sentencia va a hacer que se deje de luchar por el derecho de autodeterminación? Estoy convencido de que no".
Rull: "No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo"
El exconsejero de la Generalitat Josep Rull ha aprovechado su turno de última palabra en el juicio por el 'procés' para advertir a los siete magistrados del tribunal de que "tienen la oportunidad de decir cuáles son los límites de los derechos y las libertades" en su sentencia y que "no existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo".
"La esperanza es más poderosa que el miedo, después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo", ha manifestado Rull en una larga disertación en la que ha reprochado a los magistrados que "no pueda ver crecer" a sus hijos estando en prisión.
Eso sí, les ha afirmado que sea cual sea la sentencia "no van a impedir que les deje la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y nobles, un testimonio de su compromiso, lucha democrática, tenaz, apasionada para que el día de mañana puedan vivir en un país libre, en una república catalana en la que sea imposible que alguien pueda ser encarcelado por defender sus ideales". "No se qué votaré, pero yo quiero votar. Y este es el mandato que recibió de los ciudadanos el gobierno de Carles Puigdemont", ha remarcado.
Rull ha dicho estar "tranquilo en conciencia" porque ha "dado la cara" en el juicio y considera que haber "firmado una hoja de ruta que fue la base de un programa electoral", haberse "reunido para preparar el proceso de independencia catalán" y "no autorizar el atraque" del barco conocido como 'Piolín' no es motivo para que la Fiscalía le acuse de rebelión y pida una condena de 16 años de cárcel.
Pero el exconsejero está seguro de que no sólo está sentado en el banquillo de los acusados por todo esto, sino porque no ha "renunciado" a su actividad política, enmarcando aquí la suspensión como diputado acordada hace sólo unas semanas por la Mesa del Congreso de los Diputados. "Un Estado de Derecho fuerte no necesita estos instrumentos para defenderse de no sé qué amenazas", ha reflexionado.
Para el exconsejero, "lo que pase en este juicio es muy relevante porque España es un gran Estado de la UE" y, dirigiéndose una vez más al tribunal, ha avisado de que "ante una Europa asediada por la extrema derecha, "tienen la oportunidad de decir cuáles son los límites de los derechos y libertades". "La democracia se defiende con más democracia y los derechos, con más derechos", ha apuntado.
Jordi Sánchez: "La urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado"
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha aprovechado su turno de última palabra para solicitar a los magistrados que le han juzgado que impulsen una reflexión sobre el uso de la prisión preventiva, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "en Cataluña habrá urnas" y será "con acuerdo del gobierno español".
"Hay una mayoría que lo quiere. La mayoría en Cataluña conseguirá abrir una puerta con una urna. La urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado. En Cataluña habrá urnas y lo haremos con acuerdo con el gobierno español, votaremos qué queremos ser de mayores. Quizá yo no veré la independencia de mi país, pero espero ver que ese acuerdo llegue", ha afirmado Sànchez en una larga exposición.
Por eso, ha deseado a los siete magistrados "luz" a la hora de dictar sentencia, admitiendo que no le gustaría "estar en su piel" ante "el problema que les ha venido encima". Y aunque ha reconocido que "el Poder Judicial no puede resolver el problema político", también considera que el tribunal tiene la "oportunidad de no agravar la crisis política" en España.
"Hoy tenemos un problema político que ha sido irresponsablemente traspasado al Poder Judicial. Ojalá la sentencia sirva para lo que la clase política no ha sabido resolver", ha aseverado.
Para el expresidente de la ANC y actual diputado suspendido de Junts per Catalunya, la Constitución Española "no da respuesta al conflicto político territorial". "Está en duda la profundidad de los derechos fundamentales. Hay que ser muy conscientes de que el debate no sólo es del derecho de autodeterminación; hoy el problema es también de derechos y libertades", ha subrayado.
Tras recordar que lleva más de 600 días en prisión provisional --ingresó el 16 de octubre de 2017--, Sànchez ha comentado que la cárcel le ha "enseñado muchas cosas", pero sobre todo "el uso y el abuso de la prisión preventiva", y ha acusado a la Fiscalía de "utilizarla" para ofrecer acuerdos "a cambio" de la declaración de culpabilidad de imputados "con elementos probatorios muy débiles".
Por eso, ha apelado a los magistrados para que "hagan lo posible para que España avance en calidad democrática y siga las instrucciones que han dado organismos internacionales sobre el uso correcto" de esta medida cautelar.
Sànchez ha comentado, visiblemente emocionado, el "dolor" que sufre su familia --ha nombrado a sus dos hijos-- desde que él está en la cárcel, pero ha manifestado que esto ha generado al mismo tiempo "frustración y los mejores valores de solidaridad", creando "valores cívicos de compromiso político" en Cataluña.
Dicho esto, el expresidente de la ANC ha pasado a comentar un juicio "largo" que le ha parecido "sorprendente" por la "negación de la realidad" que ha percibido en los argumentos de la Fiscalía y la acusación popular de Vox. En su opinión, "el 1 de octubre no fue una jornada de violencia", sino "de gran expresión cívica de desacuerdo político, incluso de disidencia política" o de "desobediencia política".
Para Sànchez, las acusaciones han "banalizado" la violencia y a pesar de ello les ha deseado "lo mejor". "Estoy convencido de que la mayoría, cuando la noche se cierra, son conscientes de que en conciencia no han hecho lo que tocaba. Que han forzado para defender una posición que no era justa. Confío en que, finalmente, la justicia llegue", ha concluido.
Turull: "Con nosotros no van a descabezar al independentismo"
El exconsjero de Presidencia Jordi Turull ha advertido en su turno de última palabra en el juicio por el proceso independentista que aunque se dicte una sentencia condenatoria contra los doce líderes independentistas por estos hechos no se va a conseguir "descabezar el independentismo", ni impedir que los catalanes "decidan su futuro".
Turull ha reprochado a las acusaciones de hacer un relato de los hechos con "falta de rigor" y "falta de conocimiento del funcionamiento de la Adminsitración de Cataluña".
Así, les ha acusado de confundir la "discrepancia" y la "protesta" contra las resoluciones judiciales o la actuación policial con un "ataque", pues durante todo el procedimiento les ha responsabilizado de un "ataque al Estado", una "falta de respeto al ámbito judicial" o "ataque a la policía". "Esto solo existe en mentalidades inseguras o autoritarias", ha agregado.
"O se confunde la crítica o es que directamente se nos quiere aplicar a los independentistas unas reglas del juego diferentes", ha añadido, pero en cualquier caso, ha asegurado que "descabezándonos a nosotros, no se va a descabezar el independentismo", ni se va a impedir que los ciudadanos catalanes puedan "decidir su futuro político".
En este sentido, ha lamentado que la Fiscalía "pretenda construir uno de los delitos más graves", el de rebelión por ser "meros instrumentos del clamor del pueblo de Cataluña y no al revés como han dicho las asociaciones". Ha insistido en que el Govern "siempre" ha ofrecido al gobierno español "dialogar" y que la respuesta recibida ha sido "el silencio, el menosprecio, la amenaza como bandera y la resignación como camino".
Sobre el 1 de octubre ha recalcado que no había ni "masas", ni "turbas", ni "murallas humanas", ni "caras de odio", sino "personas" y "miles y miles de ojos brillantes de la emoción" por poder votar en el referéndum. Ha continuado defendiendo el pacifismo de esa jornada diciendo que "los catalanes no son ovejas" y que por tanto no siguen instrucciones para llevar a cabo conductas "incívicas".
Por último, el exconsejero ha recalcado que está sentado en el banquillo de los acusados "por mis ideas y porque no renuncié a mi actividad política". En esta línea ha asegurado que continuará defendiendo sus convicciones basadas en la "discrepancia" y el "acuerdo" y que por ello, incluso "después de salir de la cárcel por primera vez" durante la instrucción de esta causa fue propuesto para presidir la Generalitat.
Ha concluido su alegato agradeciendo la labor de sus abogados --Jordi Pina, Ana Bernaola y Francesc Homs--, a todas las personas que se han concentrado pidiendo su libertad y dando muestras de "apoyo" y a su familia. En este momento, ha tenido que parar de hablar y beber agua, pues se ha emocionado, aguantando las ganas de llorar: "Lo dejo ahí, ya saben lo que les quiero decir", ha dicho.
Romeva: "En este banquillo están sentados dos millones de personas"
El exconseller Raül Romeva señaló en su turno de última palabra que están convencidos de que han sido encausados por sus ideas políticas y apeló al diálogo para resolver un conflicto que, a su juicio, nunca debería haber sido judicializado.
"En este banquillo no estamos sentadas doce personas sino dos millones que se sienten concernidas con lo que ha pasado y con la decisión que ustedes van a adoptar, que esperan que sea valiente", ha apelado Romeva directamente al tribunal.
A lo largo de su breve exposición, el exconseller de Exteriores ha reprochado a las acusaciones que hayan tratado de construir un relato de odio a España y a lo español por parte de los procesados que él considera falaz e irresponsable; y ha añadido que hoy pueden ser ellos los afectados "pero mañana puede ser cualquiera".
También ha dicho que existe antes del dictado de la sentencia una "oportunidad" y que "por el bien de todos" debería convertirse en una respuesta que permita seguir avanzando.
En su discurso ha insistido en que durante el juicio las acusaciones han buscado "escarmentar y castigar una ideología" y que por ello las hipótesis planteadas se han fundamentado "en un sesgo en absoluto disimulado y ratificado en unos informes finales que pretenden dibujar una realidad que nunca ha existido". "No por repetirlo mil veces una mentira se vuelve verdad", ha añadido.
En este punto, ha reclamado que se escuche a los dos millones de personas "que llevan años manifestándose de forma cívica para formar parte de una república catalana" o las cartas que los presos de esta causa leen en la "soledad de sus celdas", y así comprobarían que el odio no les mueve "en absoluto".
Según Romeva, lo que mueve a esas personas es la "frustración" como la que causó la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que dictó el Tribunal Constitucional en 2010 frente a la "incomprensión" de un Estado que sigue "sin ofrecer una respuesta política a un problema político".
"Lo hicimos como lo hicimos porque no pudimos hacerlo de otra forma", ha dicho Romeva, para indicar que hacer un referéndum "incluso si este es ilegal no es delito Código Penal en mano". En todo caso, respecto al derecho de autodeterminación el exconseller de Exteriores ha señalado que siempre lo ha defendido sin violencia y que nunca encontrarán una afirmación suya en sentido diferente.
"Apelo a aquellas personas que defienden una España unida, que entiendan que con la fuerza, con la represión no van a convencer a aquellos que ya se sienten expulsados o los que apuestan por vías pacíficas". "Somos políticos y políticas haciendo política, nada más", ha añadido Romeva lamentando que se haya traspasado al tribunal la responsabilidad sobre un asunto que debe ser resuelto en el terreno político.
"Con el verbo sereno, incluso frente a aquellos que nos insultan, seguiremos mirando a los ojos de nuestras hijas e hijos con dignidad, con la misa con la que personas en todo el mundo se debaten por defender derechos fundamentales", ha concluido.
Forn: "Me mantengo fiel a mis ideales, no creo que esto sea delito"
Por su parte, Joaquim Forn ha negado "rotundamente" que su actuación estuviera dirigida a romper el orden constitucional o que diera orden a los Mossos de obviar las resoluciones de los jueces y de los fiscales y que por ello volvía a solicitar al tribunal su libertad.
"Me mantengo fiel a mis ideales, no creo que esto sea delito", ha dicho también el exconseller de Interior, que ha añadido que sigue creyendo "en la libre determinación de Cataluña, el diálogo y pluralidad para la resolución de los conflictos".
Además de agradecer la labor de sus abogados y de las personas que han acompañado a los presos preventivos de esta causa durante los más de 600 días que ya llevan en prisión, Forn ha recordado que hace política desde los 17 años.
A su juicio el 1-O contaba con el aval muy cualificado del Parlament y el apoyo mayoritario de la sociedad civil catalana, y que siempre creyeron que la ley "no está fosilizada" y que por ello la voluntad de pacto se manifestó por su parte tanto antes como después del referéndum, si bien sus demandas no tuvieron respuesta en el Gobierno español.
"En ningún momento escondimos nuestra voluntad de celebrar el referéndum, lo hicimos al igual que el 9-N", ha añadido Forn, en alusión a la consulta organizada en 2014 por el Govern de Artur Mas. Sobre el 1-O, ha defendido que fue "una manifestación de civismo y dignidad de la ciudadanía", y que "no se votaba contra nada y contra nadie". Cuando esto sucede los gobernantes responsables no deberían judicializar un conflicto político sino buscando soluciones políticas", ha incidido.
Finalmente, ha reprochado al instructor de esa causa, el magistrado Pablo Llarena, que justificara su permanencia en prisión en base a razones políticas por decir que seguía manteniendo sus ideas "en un contexto en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de lograr la independencia" y ha concluido señalando que se mantiene fiel a sus ideales.