La pandemia del coronavirus azotaba a España en marzo de 2020; una inesperada pandemia ante la que el Gobierno de España, sin recursos, decidía establecer un confinamiento obligatorio a todos los ciudadanos españoles, como único método para aumentar el ritmo de contagios.
Un confinamiento que se mantuvo durante meses, y que fue seguido de un proceso de 'desescalada' que continúa en 2021, siendo muchas las restricciones, tanto de aforo, como de aperturas de comercio, que siguen estando activas en algunos de los territorios españoles, además del uso de las mascarillas en espacios públicos.
Medidas contra el virus de Wuhan que, sin embargo, han provocado una fuerte crisis social, y sobre todo económica, en todo el territorio nacional, siendo muchas las familias afectadas que, a día de hoy, ven peligrar su economía familiar al no disponer de suficientes ingresos.
Dificultades económicas a las que se han sumado, en las últimas semanas, incrementos exponenciales, e inasumibles, en la factura de la luz, del gas, y de los combustibles como el diésel, los que a su vez, han provocado un inmenso incremento de los productos de primera necesidad.
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Crisis que también parece haber llegado a las arcas públicas españolas, y que ha provocado que el Gobierno plantee aumentar los impuestos de cara a 2022, asegurando así la recaudación estatal a costa de los bolsillos de los ciudadanos españoles. Una recaudación que , sin embargo, parece no ser suficiente, ya que rumores socialistas apuntan a un posible recorte de las pensiones.
Algo que ha llegado incluso a enfrentar, nuevamente, a Unidas Podemos y al PSOE, ya que Ione Belarra, líder de la formación morada, ha asegurado que no aceptarán "recortes" ni medidas que puedan afectar a los "pensionistas, que se han esforzado a lo largo de su vida para tener un descanso tranquilo".
Al Gobierno le preocupa el "racismo canino"
Sin embargo, ninguna de estas cuestiones parece preocupar en exceso al Gobierno socialcomunista, que sigue prometiendo controlar la subida de la factura de la luz, y destacando que las medidas recaudatorias son 'exigencias' de Europa.
Sorprendementemente, hay otras cuestiones que parecen ser más 'importantes' para el Ejecutivo socialcomunista, llegando a poner de acuerdo incluso a los dos partidos de coalición; es el caso de la nueva ley anunciada por el Gobierno, que se centrará en el "racismo canino" y en la utilización de los animales en algunos espacios de trabajo.
Así pues, esta nueva ley de protección y derechos de los animales plantea, entre otras cuestiones, acabar con la 'discriminación' que sufren algunas razas de perros, consideradas "potencialmente peligrosas".
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Del mismo modo, el Gobierno trabaja para acabar con el uso de animales en festejos como la cabalgata de los Reyes Magos, procesiones o romerías, así como, incluso, la creación de un Registro Nacional de Inhabilitaciones para la Tenencia y Actividades relacionadas con Animales (RINTA) que incluirá la identidad de las personas que estén inhabilitadas para cualquier profesión relacionada con animales, así como para su tenencia a nivel particular.
Preocupaciones por el bienestar animal que parecen ser una prioridad para el Gobierno de España que, sin embargo, parece haber olvidado a los miles de ciudadanos hundidos económica y familiarmente debido al Covid-19, que siguen esperando una ayuda estatal para poder continuar sus vidas donde quedaron, paralizadas en marzo de 2020, a causa de las medidas implantadas unilateralmente por un Gobierno que parece haberles olvidado.