Pedro Sanchez y el nuevo Gobierno de Navarra van a permitir que María Chivite desarrolle la Ley de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’, indemnizando con hasta 150.000 euros a quienes se les considere ‘victimas’.
Esta medida entrará en funcionamiento a partir de hoy, fecha en la que se ha formará el Gobierno de Chivite gracias a la abstención de Bildu. Mediante una comisión de carácter altamente político Bildu tendrá la opción de colocar a sus representantes y vetar a los de otros partidos y permitirá acceder a asistencia sanitaria y a las indemnizaciones, según el tipo y grado de lesión y hasta el fallecimiento.
Esta Ley, en su artículo 12, ‘Efectos de la declaración como víctima’, insta que las ayudas respectivas se conducirán a la par por la Ley Foral de ‘ayuda a las víctimas del terrorismo’.
La nueva jefa del Ejecutivo navarro equiparará las indemnizaciones de las víctimas de ETA y sus verdugos, que se regirán por las ayudas provistas por Interior. Estos últimos tendrán derecho, según la Ley, al equivalente al 30 por ciento de las cantidades concedidas por la Administración General del Estado en los mismos supuestos.
Las compensaciones previstas para las víctimas del terrorismo van desde los 75.000 euros por "incapacidad permanente parcial" a 500.000 en situación de "gran invalidez". Las ayudas por "incapacidad permanente absoluta" son de 180.000 euros y por "incapacidad permanente total", de 100.000 euros.
A su vez, la cantidad por fallecimiento sube a 250.000 euros. Aquí, la Ley establece que tendrán derecho de resarcimiento su cónyuge o, en su caso, y por este orden, padres, nietos, hermanos o abuelos, además -en inexistencia de estos- de hijos de la persona conviviente y menores en acogimiento familiar o preadoptivo si dependían económicamente del fallecido.
Hasta 150.000 euros
De esta forma, las ayudas serán así de hasta 150.000 euros para casos en que se justifique una "gran invalidez" o 75.000 si se acredita el fallecimiento por las causas contempladas en la Ley.
La Ley se aprobó en abril de 2019 y fue recurrida por Partido Popular y Ciudadanos.