La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y un sargento de los Mossos d'Esquadra por presuntamente poner un escolta al expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.
Prevaricación y malversación
Según ha informado este jueves el TSJC, la querella es por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al servicio de escoltas y protección al expresidente fugado fuera de España desde octubre de 2017 y la instruirá la magistrada Mercedes Armas.
La Fiscalía Superior de Cataluña se querelló contra Buch por presuntamente nombrar como asesor al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica de Puigdemont, al que el Tribunal Supremo procesó por el 1-O y declaró en rebeldía.
Indicios suficientes
En un auto consultado por DonDiario, el TSJC acuerda incoar diligencias previas y considera que, "del profuso relato de hechos contenido en la querella, se desprende la existencia de indicios suficientes" de los tipos delictivos, a la espera de que se realice la investigación.
"Se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella, y todo ello con independencia de las decisiones que proceda ir adoptándose en función de resultado de las diligencias que se vayan sustanciando", prosigue el auto judicial.
Denuncia de Cs
La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de marzo de 2019 tras recibir una denuncia de Cs que aseguraba que Escolà, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.
Según la querella de Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituye un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde".
Para el teniente fiscal Pedro Ariche, la designación de Escolà respondía "única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura".
Además constata que Escolà ya había realizado tareas de seguridad para Puigdemont antes de ser nombrado asesor y que con posterioridad "se dedicó de forma plena sin disimulo" a esta actividad.
Informe copiado
La Fiscalía relata en su querella que los informes realizados por Escolà en su cargo como asesor eran de muy corta extensión, plagados de generalidades y sin conclusión alguna que contribuya a mejorar la actividad de la Conselleria, y en un caso era "una copia indisimulada" de un trabajo realizado previamente en la Conselleria y publicado en el blog 'Notes de Seguretat'.
Los investigadores han podido constatar, explica el fiscal, la presencia de Escolà, una vez nombrado asesor de Interior, en 11 ocasiones en el extranjero realizando funciones de "protección, escolta y aseguramiento del procesado rebelde Carles Puigdemont".
Escolà fue cesado el 13 de marzo de 2019 y, según la Conselleria, el gasto total derivado de su cargo fue de 52.712,26 euros, "suma en la que ha resultado perjudicado el erario público autonómico a resultas de la torticera conducta", afirma la Fiscalía.