Se puede entender que no se fíen de Meritxell Batet. No es de fiar. Su historial político recoge un borrón que la inhabilita para tomar decisiones sobre el independentismo, pero Pedro Sánchez ha querido jugar a eso y ahora no debe sorprenderse de que las derechas esperen de ella lo peor, hasta el punto de pedir su dimisión 48 horas después de ser nombrada presidenta del Congreso.
El borrón en la trayectoria de Batet
Todos esperan que hoy resuelva Batet la suspensión de los presos que están ejerciendo de parlamentarios, que decida la Mesa que ella preside y que se cumpla la ley. El anuncio está previsto para última hora de la mañana. Todo lo que no sea suspender a los políticos golpistas será incumplir la ley y Casado, Rivera y Vox han extremado la dureza de sus valoraciones sobre Batet porque tienen motivos para desconfiar de ella por su favorable predisposición para atender peticiones de los separatistas. Lo demostró intentando sacarse el "muerto" de encima para pasárselo al Supremo.
Batet tiene un lunar en su carrera. Fue en 2013. Entonces, como parlamentaria en el Congreso de los Diputados por el PSC, votó a favor del Derecho a Decidir de los catalanes en un referéndum anticonstitucional saltándose la disciplina de voto socialista.
"Tuve que multar a Batet"
Lo ha explicado en El País Soraya Rodríguez, que entonces era portavoz del PSOE: "Tuve que multar a Meritxell Batet y a los demás miembros del PSC alojados en la Cámara por sumarse a CiU en una iniciativa favorable al derecho a decidir. Me preocupa esa sensibilidad, sobre todo porque va a repetirse el chantaje soberanista y porque Sánchez no tiene los números que realmente necesita para emprender la legislatura con la libertad que quisiera".
Batet, desde su escaño en la cuarta fila de la bancada socialista, rompió la disciplina de voto del PSOE y votó a favor de la propuesta de CiU, junto con otros 12 diputados socialistas catalanes. Sólo la fallecida Carme Chacón mostró su altura de miras de estado votando en contra.
La histórica votación se desarrolló con 335 diputados presentes. El "sí" al Derecho a Decidir fue respaldado por 60 diputados (entre ellos Batet), el "no" obtuvo 275 votos, hubo 0 abstenciones y 15 no votaron.
Votó en contra de la Constitución
Y mientras desde la bancada del PP se escuchaban reproches hacia el comportamiento del PSC con exclamaciones como "¡Qué vergüenza!", Artur Mas, entonces el abandonderado pregolpista del separatismo, presumía del voto de Batet y sus correligionarios: "Es un hecho diferencial muy grande y muy positivo que el PSC se sume". Mas estaba eufórico, se había metido a los socialistas catalanes en el bolsillo en lo que él suponía era el primer paso para la formación de la república catalana.
La cuestión es relevante porque la que ahora es la presidenta de la cámara, la que debe votar de acuerdo a la ley y cumpliendo la Constitución es la misma que en 2013 votó a favor del referéndum catalán y en contra de lo que establece el artículo 2 de la Constitución, según el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo español".
Los diputados presos serán suspendidos a partir del lunes
En todo caso, la resolución de la polémica de los diputados presos no tardará en producirse porque Batet ha convocado una nueva reunión de la Mesa del Congreso para este mismo viernes con idea de tomar una decisión definitiva. Unidas Podemos prefería dar más tiempo y abogaba por reunirse la próxima semana, pero la presidenta lo ha desestimado.
"Como no tenemos ninguna voluntad de retrasar esta decisión, que es sustancial, hemos decidido convocar una Mesa mañana mismo con el informe en la mano para tomar una decisión definitiva", ha indicado.
Según indicaron fuentes parlamentarias, el informe de los letrados confirmará que tanto la vía de la LECrim como las del Reglamento son "concurrentes" y, por tanto, permiten llevar a cabo la suspensión de los diputados en prisión preventiva. Por ello, todo apunta a que los cuatro diputados quedarán en suspenso desde el lunes. Y así, Pedro Sánchez habrá salvado la recta final de la campaña del 26-M.
El PP amenaza con los tribunales si no hay suspensión... por prevaricación y desobediencia
Ante su primera patata caliente de la legislatura, Meritxell Batet ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la cámara sobre la situación de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Lo ha hecho después de reunir ayer al mediodía por primera vez la nueva Mesa, con mayoría pero sin unanimidad. Para hoy está convocada de nuevo la Mesa para las 12:30 del mediodía con la "pretensión" de adoptar una decisión definitiva. La reunión de ayer duró tres horas.
Sin el apoyo del PP ni Cs, la petición de informe a los letrados ha llegado después que ayer la sala segunda del Tribunal Supremo ha negado a Batet el informe que había pedido sobre cómo proceder a la suspensión prevista por la ley de enjuiciamiento. Una circunstancia que la oposición no ha desperdiciado para amenazar incluso a la presidenta de la cámara con ir a los tribunales.
Concretamente, el secretario general del PP, Teodoro Garcia Egea, ha anunciado que si no son suspendidos este mismo jueves pedirán su reprobación e incluso estudiarán acciones legales por prevaricación y desobediencia. Ciudadanos y Vox también han reclamado celeridad en la suspensión automática de los presos electos. Los tres partidos habían registrado escritos pidiendo esta suspensión.
Las explicaciones de Batet
"No había bastante seguridad jurídica para tomar una decisión", ha asegurado Batet en rueda de prensa después de la Mesa. Es por eso que la mayoría progresista del órgano de gobierno ha acordado pedir un informe a los letrados "ante cualquier duda, por pequeña que sea". En este sentido, la intención expresada por la presidenta del Congreso es que este viernes, con el documento sobre la mesa, puedan adoptar una decisión. "Dependerá de lo que diga el informe", ha admitido.
La presidenta del Congreso ha justificado la decisión de pedir un informe "por los planteamientos diferentes de los textos presentados" sobre la aplicación del 384bis de la Lecrim o el 21 del reglamento de la cámara. Según ha asegurado Batet, estas cuestiones han sido planteadas por los mismos servicios jurídicos.
La dirigente catalana ha querido claro desde el primer momento de su comparecencia que "el objetivo de la Mesa y de esta presidencia es en todo momento preservar el sistema constitucional, preservar esta cámara, las funciones de la Mesa y garantizar que las decisiones se tomen de acuerdo a derecho y con la máxima seguridad jurídica".
Pastor: "La ley es clara"
"Aplíquese la ley sin dilación, se tiene que hacer efectiva la suspensión". Con esta rotundidad se ha expresado la ahora vicepresidenta de la Mesa por el PP, Ana Pastor, después de la reunión. "Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas. En este caso la ley es clara", ha defendido la expresidenta de la cámara. Además, ha recordado que "hoy el Tribunal Supremo ha advertido a la presidenta de la cámara que no es un órgano consultivo", y que se ha remitido a su providencia de la semana pasada.
Girauta: "Son cómplices de los golpistas"
Con unos términos más duros se ha expresado el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que ha denunciado que "Sánchez y Batet siguen siendo cómplices de los golpistas". En esta línea, ha avisado de que "la Mesa debería haber votado ya la suspensión". Ha advertido la presidenta de la cámara que "no puede arrodillar la democracia española ante los golpistas por el hecho de tener un pacto". Le ha preguntado si lo que quiere es "abrir un conflicto institucional" con el Tribunal Supremo. Si mañana no son suspendidos, ha concluido, pedirá su dimisión.