Crece la sensación de que la controvertida mesa de diálogo (interruptus) que ha sentado para hablar a representantes del Gobierno con miembros de los partidos separatistas que sólo persiguen la escisión de Cataluña de España no es más que un paripé que utilizan ambas partes para ganar tiempo y marear la perdiz mientras los ánimos se calman.
Ni mediador, ni actas, ni copias ni registros
Y la prueba es que, como apunta Eldiario.es, la solemnidad de una reunión que en Cataluña se vende como "cumbre de estado" no queda reflejada en ningún acta de lo que allí se ha hablado. Al menos eso es lo que ocurrió con el último encuentro celebrado el 26 de febrero. (¿A quién narices le importa tu mesa de diálogo ahora, RacisTorra? ¡¡Eres un ser despreciable!!)
Ni orden del día, ni copia de documentos intercambiados, ni un miserable registro, lo que ofrece una idea de la importancia que ambas partes dan a estas reuniones que tanto desde el Gobierno como desde sectores independentistas se venden como importantísimas.
Cuando nadie pone interés en conservar lo que se habla en esos encuentros es señal de que lo que allí se comenta carece de valor.
Del encuentro de Barcelona sí queda constancia
"Dado que durante la reunión no se compartió ningún documento entre las partes y que no se estableció un orden del día ni se levantó acta de la reunión, y que, en consecuencia, la información solicitada no consta en la administración en ningún formato documental, no es posible reconocer el derecho de acceso a la misma". Es la explicación que le dio a Eldiario.es el director de la oficina del presidente.
A la reunión acudieron los presidentes y vicepresidentes del Gobierno y de la Generalitat, así como ministros, consellers, diputados y altos cargos de las dos administraciones. Fue el día que Quim Torra reclamó un mediador o que como mínimo se levantara acta de lo allí hablado. (Sánchez comparte mesa de diálogo con el organizador del golpe de estado del 1-O)
Curiosamente, del encuentro anterior celebrado en el palacio de Pedralbes en Barcelona un año antes salieron dos documentos: la Declaración de Pedralbes, un acuerdo de consenso de cuatro puntos; y una propuesta de 21 puntos entregada en mano por Torra a Pedro Sánchez a la que éste jamás dio validez porque era tanto como bendecir la independencia que reclamaba Torra.
Un paripé que conviene a las dos partes
La crisis del coronavirus y el estado de alarma han roto el calendario de reuniones entre las dos partes, entre las que existe buena predisposición a reanudar los contactos. El próximo encuentro está previsto para la segunda quincena de julio.
De esta manera, el Gobierno refuerza su imagen dialogante mientras que ERC, fundamentalmente, puede presumir de haber sentado al gobierno del Estado a escuchar las reivindicaciones catalanas. La puesta en escena beneficia a ambos, que dan la sensación de trabajo y ganas de solucionar problemas. (Lorena Roldán habla claro: "No es una mesa de diálogo, es una mesa de chantaje")
Pero la realidad parece muy distinta y más próxima a una charla de bar que a un escenario de resolución de problemas políticos. El hecho de que no quede constancia de lo que ahí se habla no está a la altura ni de una reunión de comunidad de vecinos.
Sánchez no piensa ir a la próxima
Y dentro de este paripé hay que entender los encuentros y desencuentros que en los últimos meses han unido y separado al Gobierno con ERC. Sólo es política en busca de votos. Ahora soy tu amigo, ahora soy tu enemigo. Depende de lo que digan los sondeos.
Lo que parece claro es que Sánchez ya se ha cansado del tema y no acudirá presencialmente a la próxima reunión. Bastante hizo ya con poner en marcha una tanda de reuniones que promete ser eterna sin que se alcance ninguna solución porque no es más que un diálogo de besugos en el que ninguna de las dos partes está dispuesta a dar su brazo a torcer. (La figura del "mediador" amenaza con destruir la mesa de diálogo ofrecida por Sánchez a los separatistas)
Torra pedía o mediador o actas. Ni una cosa ni la otra. Eso es lo que menos preocupa a Sánchez, que sabe que este pintoresco presidente autonómico tiene la fecha de caducidad impresa en la frente: octubre.