La mentira tiene las patas muy cortas. Tanto, que quienes han tratado de esconder la verdad sobre las negligencias que se han cometido desde el Gobierno en el tema del coronavirus, han quedado retratados por el resultado de la investigación efectuada por la Guardia Civil. Investigación que Pedro Sánchez intentó amordazar, pero que finalmente ha servido para sacar a relucir las miserias del gobierno socialcomunista.
La Guardia Civil concluye en la ampliación de su informe sobre la investigación del 8M, que ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, "sabía" desde el 10 de febrero que se debían establecer medidas sanitarias como guardar una distancia de seguridad de 2 metros para evitar contagios del coronavirus. Además de conocer ya la "peligrosidad", la alta contagiosidad, las complicaciones que provocaba el virus y que los más vulnerables eran ancianos y sanitarios. Es decir, que en esa fecha, se refleja ya el "grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad".
Desaparece el link del informe de Simón
Estas son algunas de las conclusiones que extrae el instituto armado tras analizar un informe del Centro que dirige el doctor Fernando Simón y que está fechado el 10 de febrero. La decisión de buscar este texto se produjo a raíz de tener conocimiento de otro informe, fechado el 6 de marzo titulado "Informe Técnico: Enfermedad por Coronavirus, COVID-19. Actualización 6 de marzo de 2020". Al tratarse de una actualización, los agentes de la Policía Judicial buscaron el informe que precedía a este y lo encontraron en los archivos de la web del Ministerio, a pesar de que el link de acceso al mismo había desaparecido. (El Gobierno tiene un problema con la Guardia Civil: hasta 10 coroneles rechazaron sustituir a Pérez de los Cobos)
Según reflejan los agentes en el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el informe del CCAES del 10 de febrero ya establece "la peligrosidad" de este coronavirus comparándolo con el SARS-CoV, con el guarda un 79 por ciento de identidad genómica y establece el mecanismo de transmisión a través de "secreciones de personas infectadas" principalmente por gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y de las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
En ese informe del CCAES también se incluye el periodo de incubación de 2 a 14 días; se recoge que en ese momento la proporción de casos graves oscila entre un 15 y un 35 por ciento y entre un 11 y un 15 por ciento de letalidad y advierte del riesgo de contagio entre los profesionales sanitarios basándose en lo ocurrido en Wuhan, donde apareció el brote inicial del virus.
Se conocían las posibles complicaciones
También explica las complicaciones que se producen en base al análisis de 99 casos hospitalizados en Wuhan: 23 requirieron ingreso en UCI, 17 sufrieron síndrome de distrés respiratorio del adulto; 3 fallo renal; 8 daño pulmonar agudo; 4 shock séptico y 1 neumonía asociada a ventilación mecánica. "En el momento de publicar la serie 11 habían fallecido, 31 habían sido de alta y 58 permanecían ingresados", rezaba el informe del CCAES que recoge la Guardia Civil en el texto entregado a la juez Carmen Rodríguez-Medel.
En esa fecha, dicen los agentes, ya se conocían casos leves y asintomáticos en Alemania, España, Bélgica e Italia, principalmente casos secundarios. El caso índice fue una ciudadana china que viajó a Alemania con sintomatología específica que generó 10 casos secundarios en sus contactos cercanos: 9 en Alemania y 1 en España. (Descubren a Pablo Iglesias moviendo los hilos de la trama contra la Guardia Civil)
La Guardia Civil señala que, a pesar de disponer de dicha información el 10 de febrero no se tomó ninguna medida de restricción de los vuelos hasta el 10 de marzo, ni tampoco se tuvo en consideración la existencia de personas contagiadas que podían ser asintomáticas.
Se recomendaba aislamiento con mascarillas de máxima eficacia
Pero en ese informe de 10 de febrero sí se incluyeron algunas medidas de salud pública que ya recomendaba la OMS, las mismas precauciones que para otros coronavirus de transmisión por gotas y por contacto en contexto epidémico y se contemplaba el "aislamiento aéreo" con "mascarillas de alta eficacia" en situaciones o maniobras en las que se pudieran generar aerosoles.
La conclusión de la Guardia Civil en relación con este informe es que el CCAES "sabía" desde el 10 de febrero "y así lo reflejó en el citado documento" que: se trataba de una infección vírica producida por un nuevo coronavirus con una alta contagiosidad; la transmisión fundamental era persona a persona a través del aire; la morbimortalidad era elevada --11 de 99 casos-- y se reconocía la gravedad de la infección --1 de cada 3 pacientes precisaron UCI--.
A estas conclusiones se añaden que Sanidad sabía ya en esa fecha que las medidas de contención debían incluir el "aislamiento preventivo y el distanciamiento social debiéndose guardar una distancia de seguridad de al menos 2 metros" Y que las personas más vulnerables eran los ancianos y el personal sanitario.
La importancia de mantener la distancia de dos metros
La Guardia Civil incluye también el análisis del informe que actualiza el anterior, el que emite el CCAES el 6 de marzo y que envía a la Ponencia de Alertas. Y vuelve a destacar la necesidad que recoge el CCAES de tener una distancia de 2 metros para evitar contagios. (¡¡Sánchez utiliza sus armas!! La Abogacía del Estado entra a saco contra la Guardia Civil)
Así, señala que en su página 6, en el capítulo titulado "Mecanismo de transmisión humano-humano" dice: "la vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos".
La Guardia Civil recuerda que en esa misma página se admite que con la aplicación de medidas de Salud Pública disminuye la tasa de reproducción como se había comprobado ya en Wuhan y en el resto de China.
"Es decir, el día 6 de marzo de 2020 se tiene pleno conocimiento de que la tasa de contagios disminuye con la aplicación de medidas de Salud Pública; recordemos que tales medidas son el aislamiento y el distanciamiento social tal y como publica la OMS el día 2 de marzo de 2020 para protegerse del coronavirus", sentencia el informe de la Policía Judicial.
La Delegación de Gobierno de Madrid no se opuso a una protesta fijada para el cuarto día de estado de alarma
En un segundo informe fechado el 1 de junio que la Guardia Civil ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, se informa de que la Delegación de Gobierno "no se opuso" con fecha de 12 de marzo a la celebración de una manifestación convocada para el 19 de marzo, a pesar de que para entonces ya había conocimiento de los riesgos de la covid-19.
En el marco de la investigación sobre la supuesta prevaricación administrativa en la que habría incurrido el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, al autorizar manifestaciones como la del 8-M, la Policía Judicial pone el foco en las comparecencias de hasta cinco convocantes de manifestaciones y concentraciones que tuvieron lugar o estaban planificadas para los días previos y posteriores a la declaración del estado de alarma.
En el informe se apunta que de lo declarado por cinco convocantes, el único extremo significativo es el del convocante de 'Anonymous for the Violenceless', Antonio García Edwards, quien puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno una manifestación relacionada con la defensa de los derechos de los animales, a lo que no se opuso el departamento dirigido por Franco. (El PP denuncia los planes totalitarios del Gobierno: "Está más cerca de Bildu que de la Guardia Civil")
Los investigadores resaltan que es llamativo que no se opusiera dado que desde el 11 de marzo "se realizaron distintas llamadas telefónicas para sugerir a otros convocantes de otras manifestaciones la idoneidad de que se suspendieran".
Para la Unidad de Policía Judicial era ya "una fecha tardía en la que el conocimiento de los riesgos del covid-19 eran amplios y el número de contagios en el país había sufrido un incremento exponencial". "El conocimiento de la Delegación de Gobierno en relación con los riesgos del virus y de la celebración de concentraciones masivas de personas debía ser de sobra conocido", añaden.
Con todo, en este segundo informe se recoge que si bien la Delegación de Gobierno no se opuso a la celebración de esa concentración, ésta finalmente no se celebró porque no asistieron los convocantes a la misma.
Autorizaciones sin recomendación por covid-19
Además de este hito, también se resumen en el informe las comparecencias de otros cuatro convocantes, en concreto las de la delegada del Sindicato Solidaridad Obrera Metro de Madrid, Amor Ortiz, el miembro del Sector Ferroviario del sindicato CGT Enrique Fernández López, el miembro de la Federación de Construcción y Servicio de CCOO Javier Gómez Ochoa y la responsable de CGT María del Mar Cubiles Ávila.
El informe resalta que en todos los casos, los convocates de esas manifestaciones o concentraciones (con convocatorias que iban del 4 de marzo al 19 de marzo) no recibieron por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid "ninguna recomendación concreta en relación con el covid-19".
En el caso del Sindicato Solidaridad Obrera, la concentración estaba prevista para el 8 de marzo, igual que la marcha feminista, con el objetivo de protestar por la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Tras ser autorizada por la Delegación de Gobierno el 28 de febrero, no recibieron ninguna llamada telefónica ni se les plantearon dudas sobre el virus "a pesar de que en dicha fecha tenía --la convocante-- noticias de la existencia del mismo por los medios de comunicación", dice el informe.
En el caso del Sector Ferroviario de CGT, que convocó dos concentraciones para el 12 y el 18 de marzo, finalmente celebró solo la primera "debido a la situación sanitaria existente en España y siendo el propio sindicato quien decidió desconvocar en un ejercicio de responsabilidad".
CCOO, que había convocado hasta cuatro manifestaciones (4, 9, 11 y 13 de marzo), celebró todas y cada una de ellas a pesar de que tuvieron dudas sobre la del 13 de marzo "a la vista de la situación". El informe sí destaca que otras concentraciones previstas para días posteriores sí fueron canceladas por motivos sanitarios.
En cuanto a la movilización convocada por CGT para el 10 de marzo, se celebró con normalidad "no habiendo referencia a ningún tipo de recomendación" por el coronavirus. ("No ha entendido absolutamente nada". La Guardia Civil está que trina con Marlaska)
La Guardia Civil cuestiona que Simón no difundiera una alerta europea del 2 de marzo
La Guardia Civil cuestiona en un nuevo informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.
En el nuevo informe de fecha de 1 de junio, la Guardia Civil se centra en el documento - en su "quinta actualización"-- del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de su director, Fernando Simón.
Además, contrasta la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo con las reuniones internas ese mismo día en Sanidad, donde se detectan "casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus". Esto último, según los investigadores, llevó a los técnicos a "sugerir a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
La unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Madrid hace estas precisiones en una diligencia de contestación al apartado octavo del oficio que remitió el pasado 23 de marzo, siguiendo las recomendaciones de la juez Rodríguez-Medel, que ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Reuniones el 2 de marzo en Sanidad
En este nuevo informe remitido a la juez Rodríguez-Medel -el primero originó el cese fulminante del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-- se reseña que el CCAES el mismo día 2 de marzo que recibe la alerta europea "participa a los miembros de las Ponencias de Alertas y al propio director del CCAES un documento denominado 'Propuestas para la vigilancia intensificada del Covid-19".
Los agentes concluyen que el mismo 2 de marzo desde el CAES se reconoce un nuevo criterio de "contacto estrecho justificado en el hecho de que han aparecido casos de Covid19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus". "Por ello", dicen, "sugieren a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
El 2 de marzo, dice la Guardia Civil, los miembros de las Ponencias de Alertas de datos de personas sospechosas de contagio y el CCAES observan "un total de 114 casos confirmados a nivel nacional, con un total de 29 casos confirmados en la Comunidad de Madrid, siendo esta la región más afectada y con mayor número de contagios confirmados, con un 25,43% de los contagios según los casos estudiados por el CCAES".
En otro punto, insiste en que la Delegación del Gobierno de Madrid "ha tenido acceso a toda la documentación que obrara en el Ministerio de Sanidad con anterioridad al 14 de marzo", día que se decreta el estado de alarma. "Si bien es cierto", puntualizan los agentes, "que esto no ha sido participado por la Delegación del Gobierno en la documentación oficial que ha facilitado en esta instrucción", aunque lo han podido acreditar como, dicen, figura en este último atestado. ( ¡Bajada de pantalones! Sánchez le regala a los golpistas la cabeza del jefe de la guardia civil como premio)
En este sentido, sostiene la Guardia Civil que lo narrado en su atestado "queda refrendado con una carta" del delegado del Gobierno del 13 de marzo de 2020, y que ha sido aportada por un trabajador de dicha institución, en la que se mencionan las medidas en protección de la salud pública.
Autonomía y proactividad de la Delegación
"El CCAES participa que dado el carácter público del documento y dado a que es de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución", señalan los agentes, que añaden que desde el organismo dependiente de Sanidad se les ha explicado que "no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones de la Ponencia de Alertas y Planes de preparación y respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial".
Tras esto, los investigadores anotan: "A la vista de la afirmación del director del CCAES, se refuerza aún más la autonomía y proactividad que debería haber tenido la Delegación del Gobierno (DG) en Madrid en conocer el citado informe del ECDC, ya que si no, no se explica la contestación en ese sentido, ya que descarga la responsabilidad de su difusión en aras de la consulta que la DG debiera haber efectuado". (
"Queda patente que la Delegación del Gobierno de manera proactiva por las competencias que le son propias ha tenido la posibilidad de acceder a todos los documentos e informes emitidos por el Ministerio de Sanidad, a través de su página web, así como para la información recibida de la 'Unidad de Coordinación". Sobre esta unidad alertan que no han conseguido ubicarla físicamente, señalando a que puede ser "dentro del organigrama de la Delegación del Gobierno en Madrid o en el del Ministerio del Interior".
Los agentes continúan su diligencia señalando que "consideran que el conocimiento e información del Ministerio de Sanidad y del CCAES revierte en la Delegación del Gobierno de Madrid". Y advierte que el informe europeo del día 2 de marzo "refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en un escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2". "Únicamente Italia es el único país europeo que en esa fecha se encuentra en un escenario 2", enfatizan.
La juez tuvo que ordenar a la Guardia Civil personarse en Sanidad porque Simón no entregaba los informes
Por otra parte, también se ha sabido que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la juez Carmen Rodríguez-Medel, tuvo que ordenar a la Guardia Civil que se personara en el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias para recabar la documentación y los informes de este centro desde que se inició la epidemia de coronavirus, porque su director, el doctor Fernando Simón, no los había entregado a pesar de que se había comprometido a ello en tres ocasiones.
Así consta en la ampliación del informe que ha entregado el instituto armado en el Juzgado en el que se investiga la posible responsabilidad del Delegado del Gobierno en Madrid en la expansión del coronavirus por autorizar las manifestaciones del día de la mujer del 8 de marzo. (La Guardia Civil investiga a Fernando Simón por esto)
Según el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el 16 de abril la Guardia Civil registró en el Ministerio de Sanidad una petición para que el director del CCAES entregara diversa documentación relacionada con la citada investigación.
¿Por qué ocultó información Fernando Simón?
El doctor Simón informó el 5 de mayo de que ya tenía preparada la documentación que se le había solicitado y que en fechas próximas al 11 o 12 de mayo las entregaría a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que se las había solicitado.
Sin embargo, al llegar la fecha indicada, pospuso la entrega a pesar de asegurar desde el Ministerio de Sanidad "tener toda la documentación preparada a falta de supervisión del Director del CCAES".
Hubo un nuevo compromiso desde el CCAES para efectuar una llamada telefónica a los agentes el día 20 de mayo, con el fin de entregar la documentación, "extremo que nuevamente, no se produjo".
Por lo que cuando llegó la fecha de comparecencia de los agentes en el Juzgado, el 21 de mayo, el doctor Fernando Simón seguía sin aportar la documentación solicitada y sin ponerse en contacto por ningún medio con los agentes de Policía Judicial.
Por ello, en su comparecencia ante la Secretaría del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, los agentes Instructor y Secretario de las diligencias pusieron de manifiesto que no habían recibido la documentación requerida al CCAES.
Tras lo cual, se instó a los agentes, mediante una providencia y oficio a que se personaran en las instalaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad con el objeto de que sus responsables les hicieran entrega de la citada documentación.
Una vez personados, recibieron un escrito firmado por el director del CCAES, el doctor Simón, haciendo entrega de la documentación, que fue depositada por la Unidad de Policía Judicial en sede judicial en la misma fecha.