Fernando Grande-Marlaska, que hasta ahora se había mantenido al margen del caso Dina, amparándose en la "separación de poderes", ha actuado esta semana para defender del escándalo al vicepresidente segundo de su Gobierno, y por tanto, el propio Ejecutivo.
Y es que el ministro de Interior ha remitido una orden a la Policía Nacional en la que señala la necesidad de bloquear todo el material "hackeado" de dispositivos móviles que revelen "algún dato de carácter personal relacionado con ideologia, creencias, salud, origen racial o vida sexual". (Esta es la sutil manera en que el Gobierno abre la veda para una brutal subida de impuestos)
Una necesidad de controlar el "delito de descubrimiento y relevación de secretos" que, a pesar de ser una instrucción 'general', llega en el momento más adecuado para el líder de Podemos.
Para muchos, esta decisión de Marlaska está enfocada a 'enterrar' la polémica generada por la tarjeta del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, que contenía fotografías y materal sexual de Dina Bousselham al que tuvo acceso, durante meses, el ahora vicepresidente de Gobierno.
En el texto explicativo a los agentes, se señala que "dentro del tipo genérico recogido" en el documento, "conviene destacar aquellos comportamientos cometidos por medio de la Red, y que reciben el nombre de intrusismo informático o 'hacking', consistentes en el acceso o interferencia no autorizados". (No te lo vas a creer: ¿Cuál es el apodo que le han puesto en Bélgica a Fernando Simón?)
Una aclaración del ministro de Interior que pone aún más el foco sobre la intención de evitar el escándalo y el hundimiento con el que el "caso Dina" amenaza a Pablo Iglesias, que podría desestabilizar por completo al Gobierno de coalición.
La decisión judicial contra Pablo Iglesias
"No quería someterla a más presión" se defendía de las acusaciones Pablo Iglesias, tras conocerse que, durante meses, tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de su ex asesora.
Unas declaraciones que no convencían a Justicia, y que tras las investigaciones pertinentes, provocaban que el juez retirara la condición de perjudicado al líder podemita, sobre el que ahora pesan dos delitos: revelación de secretos y daños informáticos (obstrucción a la Justicia). (Fotos filtradas. Así es el interior del chaletazo de los marqueses de Galapagar. ¡¡Viva la casta!!)
Un caso que cada vez más pone contra las cuerdas al vicepresidente segundo, que podría acabar siendo denunciado públicamente por un tercer delito, el de fraude procesal.
Grande-Marlaska mueve así ficha institucional contra las investigaciones de la Policía Nacional, protegiendo a su socio de Gobierno contra las resoluciones judiciales del caso Dina que podrían hacer caer, aún más, al vicepresidente segundo.