Tras los peores momentos de la pandemia del coronavirus en el país, España comenzaba a experimentar una crisis económica y social casi sin precedentes en todo su territorio, siendo miles los ciudadanos afectados por las consecuencias económicas de las medidas establecidas por la pandemia del Covid-19.
Consecuencias a las que se sumaba un incremento desorbitado del IPC, así como del precio de la luz o de los carburantes; algo que se ha visto intensificado estas últimas semanas, debido al conflicto militar entre Ucrania y Rusia, llegando a alcanzar precios históricos inasumibles por la sociedad española.
Una terrible realidad que ha llevado a los trabajadores del campo a promover una manifestación masiva este próximo domingo en la capital española, en protesta ante la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante estos abusivos costes, que les están haciendo tener que tirar sus productos debido a que, a muchos, les resulta más barato desperdiciar esta materia prima, antes que venderla.
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Manifestación a la que ya se han sumado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que este viernes han mostrado a través de las redes sociales su total apoyo a estos trabajadores.
"Ha sido un placer recibir a parte de las asociaciones convocantes de la manifestación de este domingo a favor del campo. Madrid y el Gobierno de la Comunidad les apoya en sus reivindicaciones" ha asegurado la presidenta popular.
En líneas semejantes se ha pronunciado el alcalde de la ciudad, que ha recordado que "el campo y el trabajo de los agricultores y ganaderos" es "la base de la riqueza de nuestras ciudades y del conjunto de la nación".
El Gobierno echa balones fuera ante las críticas
Un apoyo de los populares de la Comunidad de Madrid que, sin embargo, estos trabajadores no han recibido por parte del Gobierno de España, que sigue asegurando que está trabajando en un "plan" para abaratar los precios, sin especificar las medidas que se implantarán, ni cuánto tardarán en llegar a los bolsillos de los ciudadanos.
Algo que también movilizaba esta semana a los transportistas, que decidían ir a la huelga debido a los altísimos precios de los carburantes, que han hecho que, para muchos, salir a trabajar acabe costando más dinero que el que reciben por movilizar sus mercancías.
Sin embargo, esta queja de los transportistas, que ha afectado al suministro nacional de algunos productos, lejos de ser escuchada por el Ejecutivo socialcomunista, ha sido desprestigiada por miembros del Gobierno de Sánchez, que han asegurado que son acciones llevadas a cabo por radicales de "extrema derecha" para desestabilizar el país.
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"Es un boicot y no una huelga" ha asegurado la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez "Es una acción minoritaria de transportistas [....] por posicionamientos de ultraderecha [...] que están boicoteando al resto de trabajadores y al sector que en este momento tan complicado trabajan para garantizarnos alimentos y productos de primera necesidad".
Explicaciones que no han resultado suficientes para gran parte de la población española, que secunda moralmente la huelga de estos trabajadores, pero que podrían volver a ser utilizadas este domingo por el Ejecutivo para intentar volver a echar "balones fuera", y evitar su responsabilidad a la hora de gestionar esta brutal crisis que, nuevamente, vuelve a amenazar la estabilidad de todo el país.