Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaban a punto de caer en una eventual devolución la próxima semana: y es que, a los principales partidos de la oposición, con PP y Vox a la cabeza, se unían también los republicanos de ERC, dispuestos a no apoyar las Cuentas del Estado para 2022.
Una negativa que podría provocar el adelanto de las elecciones generales en España, y que ha hecho que el Gobierno de España tenga que negociar, casi in extremis, un nuevo pacto con los nacionalistas catalanes, así como con los nacionalistas vascos de PNV y EH Bildu, para garantizar su apoyo a los PGE.
Un 'pacto' que no saldrá gratis al Ejecutivo socialista, que tendrá que conceder a los partidos secesionistas algunas de sus premisas más históricas, que difícilmente podrán ser entendidas por la opinión pública española, inmersa en una brutal crisis social y económica.
Así pues,ERC habría conseguido del Estado una transferencia "inmediata" de 18,6 millones de euros, que serán destinados, según apunta OKDiairio, a la gestión de los convenios de becas firmados desde el curso 2005.
Del mismo modo, el Gobierno de la Generalitat gozará, a partir de ahora, con la competencia para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, creando un convenio con el Gobierno nacional; una premisa que ya acordaron en los PGE de 2020, pero que aún no se había formalizado. También firmado en 2020, y ratificado en el actual acuerdo entre Ejecutivo y ERC de 2022, se encuentra la ejecución de la inversión pendiente en programas de "ayuda humanitaria, refugiados y peticiones de asilo".
Acuerdos a los que se une una de las actuales premisas más urgentes de los independentistas: el blindaje del catalán dentro de la nueva ley Audiovisual, fijándose una "cuota de producción audiovisual en Cataluña" que contará con un nuevo sistema de financiación y la cooperación RTVE.
Pacto de cara a los PGE que será regulado por la última de las concesiones del Gobierno a los republicanos: la creación de un comité de seguimiento de la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña, que controlará los incumplimientos que puedan producirse en los proyectos presupuestados.
EH Bildu conseguirá su objetivo para los presos etarras
En el caso del pacto con el PNV, son las infraestructuras la principal fuente de negociación: así pues, el Ejecutivo socialista se ha comprometido a avanzar en el soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada a Bilbao y Vitoria; del mismo modo, también se habría comprometido a cumplir con los acuerdos ya firmados sobre las inversiones en infraestructuras, así como en "proyectos de envergadura en materia de digitalización económica".
En el terreno económico, el PNV ha logrado, al igual que los republicanos catalanes,hacerse con la competencia sobre el Ingreso Mínimo Vital, que estará gestionado por el Gobierno vasco, previsiblemente, antes de que acabe el año.
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También en este terreno se encuentra el acuerdo entre PNV y Gobierno para 'corregir' el descenso de la inversión en el País Vasco: así pues, si la partida de los PGE 2022 para la autonomía vasca era de 489,56 millones, el PNV ha exigido recibir la misma cantidad, al menos, que en 2021, más de 512 millones.
Sin embargo, es el acuerdo con EH Bildu el más sangrante de todos los que ha firmado el Gobierno de Pedro Sánchez ante los PGE; así pues, los herederos políticos de ETA podrían, según el citado diario, conseguir nuevos acercamientos de presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra, así como beneficios penitenciarios y liberación progresiva de los mismos, gracias a la transferencia de competencias penitenciarias desde el Ejecutivo nacional al Gobierno vasco.