El Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha concedido el tercer grado, el de semilibertad, a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.
Nada que no estuviera previsto. Es uno de los temas que más se han debatido en las conversaciones fluidas que han mantenido en los últimos meses los líderes independentistas con el Gobierno Central. Pedro Sánchez no podía influir en la condena del Tribunal Supremo, pero sí hacer la vista gorda posterior ante la cacicada de la Generalitat burlándose de las leyes del estado y sacando a la calle en nueve meses a condenados por sedición que no han mostrado el más mínimo arrepentimiento y amenazan con lo de "lo volveremos a hacer".
Si todos somos iguales ante la ley, si el que la hace la paga, ¿por qué los cabecillas de la revuelta del Procés reciben trato de favor y no cumplen la sentencia por la que fueron condenados? (La Fiscalía pide al Supremo que ponga orden en el cachondeo de la semilibertad de los presos golpistas liberados)
Según ha informado la Conselleria liderada por Ester Capella, el equipo del Servicio de Clasificación ratifica la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y en la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) del pasado 2 de julio.
Con este nuevo grado, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tendrán que ir a dormir a la cárcel entre semana y podrán salir durante el día y estar en casa el fin de semana. Es decir, estamos ante una burla mayúscula de la justicia, ante una conducta de 'república bananera' en donde los que mandan están por encima de la ley y se la saltan cuando no favorece sus intereses.
Ciudadanos se rebela e insta a la Fiscalía a actuar contra la farsa
Y Ciudadanos se ha rebelado contra la farsa de de Torra y sus compinches instando a la Fiscalía a recurrir la decisión de la Generalitat de Cataluña de conceder el tercer grado, el de semilibertad, a los nueve líderes independentistas que en 2019 fueron condenados por el Tribunal Supremo a entre nueve y trece años de prisión por el proceso soberanista de 2017.
"Desde Ciudadanos ya lo habíamos advertido: si se dejaba el cumplimiento de las penas en manos de los políticos separatistas, harían todo lo posible para dejar impune el golpe a la democracia.
La Fiscalía tiene que actuar ante esta decisión", ha escrito la portavoz de la Ejecutiva del partido naranja, Melisa Rodríguez, en su cuenta de Twitter. (Prueba de fuego para la Fiscalía de Sánchez: ¿Se atreverá a vetar la salida de los presos golpistas?)
Por su parte, la portavoz de Cs en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha señalado que, al impulsar el referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia, los condenados "se saltaron las leyes sin importarles los derechos de más de la mitad de los catalanes".
"¡Amenazan con volverlo a hacer!"
"Casi tres años después, no se han arrepentido y encima amenazan con volverlo a hacer", de manera que "hoy el Govern, con su decisión, nos da la razón: dar golpes a la Democracia sale barato en Cataluña", ha afirmado en la misma red social.
El Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia ha ratificado este martes la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) del pasado 2 de julio.
La Fiscalía puede recurrir ante el juez
El Servicio de Clasificación trasladará ahora las resoluciones de tercer grado a la Fiscalía, que puede recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, si bien el tercer grado es de aplicación inmediata hasta que resuelva el juzgado.
La decisión del juzgado de vigilancia puede recurrirse, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, en este caso, el Tribunal Supremo.
Sin embargo, fuentes jurídicas han apuntado a que la Fiscalía podría dejar en suspenso la aplicación del tercer grado presentando recurso de apelación ante el tribunal sentenciador, basándose en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La versión de la Generalitat sobre el tercer grado: "Es cumplimiento de la condena, no es libertad"
Ante esta situación, la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha insistido, después de que el Servicio de Clasificación de la Conselleria haya aprobado el tercer grado para los presos del 1-O, en que tanto esta medida como el artículo 100.2 que se les aplicaba hasta ahora "es cumplimiento de la condena. No es libertad".
"Ni más derechos, ni menos derechos que nadie", ha afirmado Capella en declaraciones a los periodistas tras firmar un acuerdo por la justicia gratuita. (El trato de VIP a los presos golpistas catalanes roza la prevaricación)
Ha explicado que la propuesta sobre la clasificación de los presos la hacen los funcionarios de las juntas de tratamiento, mientras que el Servicio de Clasificación se dedica a "uniformizar y ver que las resoluciones se adecuan a los criterios establecidos en la regulación".
Sobre los trabajadores de las juntas de tratamiento de las prisiones y del Servicio de Clasificación, ha defendido que "todos son profesionales, funcionarios públicos, y por tanto atienden a los criterios y requisitos que marca la ley".
El Servicio de Clasificación debe notificar a las prisiones la decisión de ratificar el tercer grado, y cada cárcel deberá definir los horarios de entrada y salida, mientras que la Fiscalía puede recurrir la medida.