Los presos golpistas se burlan del Supremo y rechazan el indulto: "Quieren humillarnos"

  • Cataluña
  • 06-05-2021 | 21:05
  • Escribe: Guillermo Vives




Oriol Junqueras y Raül Romeva, presos encarcelados por sedición y malversación, se suman a la postura de Jordi Cuixart y Carme Forcadell de pasar del Tribunal Supremo en su requerimiento sobre el indulto. No quieren indultos. Exigen directamente la amnistía.

Junqueras y Romeva no contestarán al requerimiento de informe sobre sus indultos realizado por el Tribunal Supremo, que les ha dado cinco días de plazo para que alegaran lo que consideren oportuno sobre esta petición. Esa es su respuesta después de que Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista estén removiendo cielo y tierra para sacarles de la cárcel.

Por su parte Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, ha dicho sobre el Tribunal Supremo: "lo que quieren es humillarnos", y ya ha advertido que no piensa contestar al requerimiento del Tribunal Supremo. "Personalmente no voy a responder porque no sé a qué motivo obedece que me hagan a mí esa pregunta cuando en los otros casos no se ha hecho".



El orgullo le impide a Forcadell admitir que ella misma pueda pedir el indulto, prefiere que lo hagan terceras personas, y no desea "entrar en su juego y en su relato", que pasa por una solicitud del indulto que implica la aceptación de su conducta delictiva.

Quieren la amnistía, no el indulto

"Esto no se hace, ni es preceptivo ni es necesario ni se ha hecho en otros casos. ¿Por qué se hace ahora? Precisamente entiendo que es para humillarnos. Por eso creo que no hay que contestar", ha dicho. Además, considera que la decisión de conceder el indulto es del Gobierno central "independientemente de lo que opine el Tribunal Supremo", en una clara muestra de menosprecio hacia la autoridad del Tribunal Supremo.



Ella insiste en que lo que debería aplicarse es la amnistía y no el indulto porque es una solución colectiva y no individual, y "demostraría la voluntad del Gobierno de solucionar el conflicto y llegaría a todos los represaliados" separatistas.

No aceptan la indulto porque ni asumen su delito y ofrecen ningún síntoma de propósito de enmienda. Quieren, exigen, la amnistía directamente, con la que borrarían su actividad delictiva... como si no hubiera pasado nada. No les convence el indulto porque, aún saliendo de la cárcel, será un favor que deberán a Pedro Sánchez y la justicia.



"Ni arrepentimiento ni indulto"

De la misma forma, tampoco contestará al Supremo el ex consejero del Govern de Cataluña Carles Mundó, condenado por desobediencia. La defensa de los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull y del ex presidente Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez está valorando la presentación del informe, así como la ex presidenta del Parlament Laura Arderiu y la ex consejera Dolors Bassa, condenados a penas de cárcel por un delito de sedición.

Jordi Cuixart, el presidente de Òmniun, también ha rechazado la posibilidad de recibir el indulto: "No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto", ha dicho, en la misma línea que Carme Forcadell.



En el fondo de lo que se trata es de que el Tribunal Supremo ofrece a los condenados la posibilidad de expresarse antes de emitir su informe sobre el tema. La Sala II escuchará de nuevo a cada condenado, porque las peticiones de indulto no son suyas, sino que están promovidas por "terceras personas e instituciones".

Existen siete peticiones de indulto a favor de Oriol Junqueras; Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raul Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs, Carles Mundó, los 'Jordis' --Sánchez y Cuixart-- y Carme Forcadell.

Ahora le toca al Supremo recabar los informes requeridos por el trámite del indulto. Ya dispone del de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado. Ahora deberá emitir el suyo y enviarlos todos al Ministerio de Justicia antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

La Fiscalía está en contra de la medida de gracia. Y la Abogacía del Estado no se ha pronunciado por entender que es una decisión que compete únicamente al Gobierno, indicando que el "perjuicio económico" provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.

Ninguno de estos informes, ni siquiera el del Tribunal Supremo, es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos. La concesión final compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de justicia, Juan Carlos Campo, afirmó en el pasado mes de diciembre que la tramitación acabaría en el primer semestre de 2021.

 

 

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