Esta semana, la polémica política ha estado centrada en la aprobación de la Ley de Educación LOMLOE, más conocida como la Ley Celaá, que pone en peligro la educación concertada, las escuelas especiales, y a la lengua castellana como lengua vehicular en la Educación.
Unas medidas que ya han sido aprobadas, pero que dependerán de "órdenes y decretos" dentro de cada autonomía para ser aplicados, ya que las regiones cuentan con competencias en el área educacional.
Algo que el Partido Popular ya ha asegurado que aprovechará en todas sus comunidades autónomas para frenar la Ley Celaá lo máximo posible.
"Nuestras autonomias van a frenar la Ley Celaá, contrarrestándola con sus competencias" han asegurado fuentes populares a El Mundo.
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A pesar de que aún se desconocen cuáles serán las decisiones que tome el PP a nivel autonómico, sí se ha podido conocer que la dirección nacional del partido se reunirá la semana que viene con los consejeros de Presidencia y Educación de sus regiones, con el fin de establecer un perfil común del contenido de las órdenes y decretos a redactar.
Principalmente, los ojos de Pablo Casado y los suyos se encuentran en Galicia, única comunidad autónoma en poder de los populares que cuenta con una lengua cooficial.
"No vamosa disminuir la calidad educativa" ha asegurado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con Carlos Alsina, declarando que se seguirá "dando el 50% de las clases en castellano y el 50% en gallego, y si no se aprueban las asignaturas no se va a dar el título de bachillerato".
"Este Gobierno no cree en el estado de las autonomías" ha criticado el presidente gallego al Ejecutivo socialcomunista "Este Gobierno cree en sus socios soberanistas que los necesita para imponer las leyes a las autonomías".
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En una línea muy semejante también se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha asegurado que la capital "hará una ley que garantice la libertad de elección y de educación especial en la Comunidad de Madrid".
"No sé por qué hay que decir que seamos nosotros, las administraciones, los que digamos donde tienen que ir los niños. Eso va contra la Constitución [...] es uno de los sinsentidos de esta ley" remarca la popular, que podría recurrir ante el Tribunal Constitucional.
La Ley Celaá tampoco convence en las autonomías socialistas
Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León, y Murcia son las comunidades autónomas que, presididas por el Partido Popular, ya han asegurado rechazar la nueva normativa de Educación, llegando a remarcar que se buscarán vías legales y de competencia autonómica para frenar a la LOMLOE.
Sin embargo, los populares no están solos en esta lucha; y es que la Ley Celaá ha vuelto a dividir a las filas socialistas, ya que algunas comunidades autónomas, presididas por el PSOE, también han cargado contra la nueva ley de Educación.
Es el caso de Navarra, donde María Chivite ya ha expresado su rechazo a que los alumnos de ESO y Bachillerato pasen de curso con asignaturas suspensas, uno de los puntos 'clave' de la Ley Celaá.
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Tampoco, al menos en un principio, entusiasmó esta idea en Aragón, a pesar de que el consejero de Educación, Felipe Faci, ha asegurado que la Ley en sí misma podría "eliminar las posibles desigualdades del sistema educativo". El presidente aragonés, Javier Lambán, también ha mostrado su apoyo al castellano como lengua vehicular en toda España, siendo aprobada en las Cortes aragonesas la iniciativa de Ciudadanos en defensa del castellano.
Todas las miradas están ahora puestas en Emiliano García-Page, que aún no se ha pronunciado al respecto. Sí lo ha hecho la portavoz de Ciudadanos de la región, Carmen Picazo, que ha pedido al presidente socialista que se pronuncie "en defensa de la libertad de las familias, de la educación concertada y de la educación especial".
"Vamos a ver si Page está con las familias o con su jefe Sánchez y sus cesiones alos separatistas" ha afirmazo Picazo.