Los principales partidos independentistas catalanes han comenzado a fortalecerse dentro de la autonomía catalana, así como dentro de la política nacional, a pesar de que cuentan cada vez con menos apoyo de la ciudadania catalana y, con ello, cada vez con menos músculo político real.
Y es que la buena disposición del Gobierno de Pedro Sánchez para conceder gran parte de las exigencias planteadas desde el nacionalismo catalán, siendo consciente de que necesita el apoyo de los independentistas de ERC para mantener la Moncloa, ha provocado que todas las formaciones secesionistas catalanas comiencen a sacar la lista de 'peticiones' hacia el Ejecutivo del presidente socialista.
Los últimos en hacerlo han sido los representantes de la CUP quienes, aprovechando "este clima de buen entendimiento y colaboración entre los respectivos gobiernos", y la próxima celebración en Barcelona de la Junta de Seguridad de Cataluña, han enviado una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y a su consejero, Joan Ignasi Elena, con una serie de "propuestas" a debatir.
Propuestas, firmadas por el diputado del Parlament Xavier Pellicer y la diputada del Congreso, Mireia Vehí, entre las que se encuentra la retirada de las "fuerzas de ocupación", es decir, la Guardia Civil y la Policía Nacional, de todos los "países catalanes" y, en concreto, respondiendo a las competencias autonómicas, de Cataluña.
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Una premisa independentista que no resulta novedosa, y que se une a la exigencia de que, cuando esta retirada se produzca, los edificios e instalaciones de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sean traspasados a la gestión del Parlament catalán; una exigencia en la que han puesto en relieve el interés de los independentistas más radicales por conseguir las competencias sobre la comisaría de la Vía Laietana, lugar protagonista de los principales conflictos en las manifestaciones secesionistas.
Dimisión y disculpas del ministro
Sin emabrgo, los independentistas de la CUP no han dejado ahí sus exigencias hacia el ministro de Interior y por ende, al Gobierno nacional. Así pues, han propuesto también que, por "dignidad", el ministro socialista dimita de su cargo, criticando que Marlaska ha sido "encubridor de torturas por parte de los cuerpos policiales" hacia los ciudadanos independentistas.
Ciudadanos que, según los diputados de la CUP, merecen una "disculpa" pública del socialista, en "pro de la reparación y memoria histórica": "Tenga la bondad de disculparse por tantos y tantos abusos de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra la población catalana" exigen los cuperos.
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Abusos que ejemplifican con los sucesos del 1 de octubre, destacando los independentistas la "brutalidad" y "violencia" empleados por los agentes de las fuerzas de Seguridad del Estado contra los manifestantes, aunque sin mencionar las acciones violentas llevadas a cabo por los independentistas, encabezados por los radicales CDR.
Exigencias que, aunque de momento sólo estén firmadas por diputados de la CUP, podrían contar con el apoyo de otras fuerzas nacionalistas como ERC, cuyos escaños necesita el Gobierno de Pedro Sánchez para mantener la legislatura, poniendo a los socialistas entre la espada y la pared, debiendo escoger entre apoyar al independentismo más radical y exacerbado, o convocar unas nuevas elecciones generales.