Una de las premisas más repetidas por el independentismo catalán a lo largo de los años es la afirmación de que "España", ese Estado opresor que ahoga al pueblo catalán, también "roba" a los ciudadanos de la autonomía catalana, en un intento de evitar su independencia como país independiente.
Una afirmación que, sin embargo, se ha visto desmentida por los últimos casos que han salido a la luz, los cuales demuestran que son los propios líderes independentistas los que, a través de la financiación de la Generalitat a diversos chiringuitos indepes, acaban dejando las arcas catalanas vacías para las ayudas a los ciudadanos.
Situación que podría verse revertida, después de que el Tribunal de Cuentas reclamara el pago de 5,4 millones de euros a los líderes del procés por los gastos en la promoción del proceso independentista en el extranjero.
Reclamación económica que pone en riesgo de bancarota a los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al ex vicepresident Oriol Junqueras, los consejeros Raül Romeva, Andreu Mas-Colell, Frances Homs, y otros 8 consejeros generales, 2 interventores generales, 12 ex delegados en el extranjero y el ex secretario general del Diplocat Albert Royo.
Un riesgo que ha intentado gestionarse desde la Generalitat de Cataluña que, en manos de Pere Aragonès, presentaba ante el Tribunal, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avales para hacer frente al pago exigido.
Avales que han sido rechazados este jueves por el Tribunal de Cuentas, asegurando su delegada instructura, Esperanza García Moreno, que esta fórmula no puede ser aceptada ya que la administración pública catalana no debe amparar las acciones irregulares de sus ex responsables.
Así pues, deberán ser los propios líderes del procés condenados los que, de su bolsillo, devuelvan a las arcas públicas los más de cinco millones de euros destinados, de forma irregular y partidista, a la acción del independentismo en el exterior.
Los indepes se rearman contra el Tribunal de Cuentas
Una decisión del Tribunal de Cuentas que no ha sentado bien dentro de las filas independentistas quienes, a pesar de continuar 'sangrando' la administración catalana con sus chiringuitos, ha visto en el mandato de la instructora un nuevo intento de "arruinar" a los líderes independentistas y, con ello, al movimiento secesionista catalán.
"Estamos ante una decisión política de venganza" ha asegurado el conseller de Economía, Jaume Giró, en su cuenta de Twitter, destacando que esta decisión del Tribunal de Cuentas tiene como único objetivo "arruinar la vida de los servidores públicos" catalanes.
"Defenderemos la legalidad del aval y la profesionalidad de los servidores públicos afectados" ha respondido Pere Aragonès en la misma red social, responsabilizando al Partido Popular de politizar la Justicia para "vengarse" del independentismo "intentando arruinar a las familias de los represaliados".
ERC pretende que Puigdemont pueda votar en su referéndum imaginario para Cataluña
Por su parte, Oriol Junqueras, lejos de aceptar su responsabilidad tras las palabras de la instructora, ha utilizado esta decisión judicial para volver a cargar contra la "persecución" española, instando a los indepes a volver a luchar por "la aministía, el referéndum y la independencia".
"La persecución contra el independentismo persiste y se intensifica" ha asegurado el republicano "Ahora embargan incluso las casas donde viven nuestros hijos. Pero no nos harán desfallecer. Hoy más que nunca: amnistía, referéndum, independencia. ¡Hasta la victoria!".