Las formaciones nacionalistas vascas y catalanas se han convertido en piezas fundamentales para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el Ejecutivo socialcomunsita depende de los votos de los independentistas vascos y catalanes para mantener la Moncloa, y evitar así unas nuevas elecciones generales.
Una necesidad del apoyo nacionalista que ha provocado que Sánchez y su equipo de Gobierno hayan aceptado conceder premisas históricas de País Vasco y Cataluña, como es la competencia sobre las prisiones, o el indulto a los presos independentistas del procés.
Sin embargo, parece que esto no es suficiente para los nacionalistas, siempre con ansias de convertirse en piezas claves del ajedrez nacional: así pues, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG no han dudado en registrar un total de seis enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, que se encuentra actualmente en trámite dentro del Congreso de los Diputados.
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Unas enmiendas lideradas por una idea principal: la de la supresión del título de Rey, concedida a Juan Carlos I, según los independentistas, por un régimen "ilegal", en referencia a la dictadura del general Francisco Franco, así como "todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan".
Así pues, los nacionalistas consideran que el Rey emérito ensalzó, con sus actos como monarca, la dictadura de Franco, entendiendo que el papel histórico del Rey "es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático".
Más reconocimiento para Cataluña y aliados
Tal es la obsesión por los restos de la 'memoria franquista' dentro de las mentes, y la política, independentistas, que los partidos secesionistas han incluido en sus enmiendas una disposición adicional para que la nueva ley reconozca y divulgue "la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas araginesa, asturiana, catalana, occitana y vasca perpetradas por el franquismo".
Una idea que ya ha sido en muchas ocasiones defendida desde el independentismo catalán, que ha seguido exigiendo, en su enmienda a la Ley de Memoria Democrática, otra de sus principales premisas secesionistas: que la Prefactura Superior de Policía de Cataluña, en vía Laietana, sea devuelta a la Generalitat "con la debida dotación presupuestaria para su museización y transformación en un centro de memoria democrática".
Un centro para el que también han exigido tener el poder sobre todos los atestados pertenecientes a la sede policial entre 1938 y 1986; del mismo modo, los nacionalistas vascos han exigido la cesión de las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.
Exigencias que no sólo suponen un grave atentado contra la figura del Rey, y por tanto, a la Constitución española como tal, sino que también se convierten en un nuevo desafío para el presidente socialista, que deberá escoger entre mantener a sus aliados de Gobierno en el Congreso, o mantener la estabilidad en la Memoria Democrática de todos los españoles, a riesgo de convocar unos comicios anticipados en todo el país.