Fomento del Trabajo, Pimec, CCOO y UGT han firmado este sábado una carta conjunta en la que se muestran en contra del nuevo proyecto de decreto que está preparando la Generalitat de Quim Torra, y cuyo principal beneficiario sería el independentista, y amigo de Carles Puigdemont, Joan Canadell.
Y es que este decreto, anunciado por el president por sorpresa hace apenas dos semanas, contempla la financiación de 2,5 millones de euros a las cámaras que colaboraran con el proyecto de reconstrucción de Cataluña después del coronavirus. (La cobarde fugada Clara Ponsatí empuja a los catalanes a la violencia y la confrontación)
Así mismo, este decreto ofrece la oportunidad a estos organismos de convertirse en participantes institucionales, convirtiéndose en una 'tercera patronal' en Cataluña, dando aún más poder a Canadell.
Los agentes sociales, en su carta, han mostraddo su desacuerdo ante este último apartado del decreto: "este proyecto de decreto-ley amenaza la misma esencia de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social en Cataluña".
Además, han querido destacar en su misiva al president que, por ley, son los sindicatos y patronales los que tienen participación constitucional, tal y como recogen la Constitución y el Estatut, remarcando que el papel de las cámaras es el de entidades de derecho público con funciones consultivas para las administraciones públicas.
"El proyecto de ley es contrario al artículo 45.7 del Estatut de autonomía, en la medida en que atribuye a las cámaras un derecho de participación en las politicas públicas, cuando este precepto les atribuye un derecho a ser consultadas en la definición de estas políticas" ha asegurado el abogado José Manuel Silva, firmante del dictamen enviado a Torra. (¡Confirmado! El problema catalán no se soluciona con diálogo: Las dos condiciones imposibles de los separatistas)
Joan Canadell se mantiene al lado de Puigdemont
A pesar de los fuertes impedimentos expuestos por las patronales y sindicatos, fuentes consultadas no descartan que el borrador del decreto-ley del president sea aprobado en la reunión ordinaria del Govern del próximo martes.
Y es que el interés del máximo líder de la Generalitat, que no sería otro que Carles Puigdemont, actuando como sombra de Quim Torra, pasa por que Joan Canadell adquiera más poder dentro del Govern, así como que la cámara que preside, la Cámara de Comercio de Barcelona, tenga más representación pública, ya que el marcado perfil político independentista que tiene el organismo de Canadell juega a favor de los intereses del fugado de Waterloo.
De no ser aprobado el decreto este próximo martes por el Consejo Ejecutivo, el Ejecutivo de Torra sí podría validarlo en el Consell, necesitando la convalidación del Parlament, donde tendrían que conseguir los apoyos necesarios para continuar con el decreto. (El separatismo pierde adeptos: sólo el 42% de los catalanes quiere la independencia)
Por su parte, Canadell, que llegó a encabezar una candidatura independentista con la ANC, mantiene que su institución es la única que representa a todas las empresas catalanas.
Declaraciones contra las que también se han manifestado las patronales, recordando que la adscripción administrativa de las empresas a las cámaras no justifica su representatividad ni participación institucional.