La guerra abierta en Canet de Mar entre los independentistas y aquellos que defienden que los niños tengan derecho a una educación bilingüe en las escuelas públicas ha llegado a su punto más álgido, habiéndose convertido, no en una cuestión educativa, sino en un nuevo motivo de enfrentamiento entre el Gobierno de España y sus socios contra los partidos de la oposición.
"¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Que haya profesores con instrucciones de no dejar ir a los niños al baño porue hablan castellano?¿ Que haya niñños que por hablar en castellano les metan piedras en la mochila en el recreo?" ha criticado Pablo Casado en una rueda de prensa.
Palabras que han enfurecido al independentismo catalán, siendo el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el primero en cargar contra el líder del PP, al que ha acusado públicamente de "atizar el odio" contra los secesionistas.
"Los servicios jurídicos del Govern están estudiando estas declaraciones infames. Defenderemos siempre la verdad y al profesorado de ataques indecentes como éste. Deje la educación en paz. Basta de mentiras. Basta de esa bajeza moral. Basta de atizar odio" ha criticado el republicano en su cuenta de Twitter.
Control del castellano desde el Govern
Palabras en las que Aragonès no ha hecho ningún tipo de autocrítica, y en las que no menciona que sean los radicales indpendenitstas los que, de forma continuada, mantienen el desafío y la violencia contra aquellos considerados 'españolistas.
Tampoco ha condenado el president, en su intervención en Twitter, que los radicales secesionistas llegaran a proponer apedrear la casa del menor de Canet, o hacerle bulling en clase, acciones que no "atizan odio" para el republicano, que sin embargo, sí ve odio y violencia en las palabras del líder popular.
Del mismo modo, Aragonès parece que tampoco ve odio en el blindaje realizado por la Generalitat en sus competencias sobre los inspectores escolares; competencias con las que, ahora, buscarán que estos agentes 'desobedezcan' la sentencia del TSJC sobre el porcentaje de educación en castellano en las escuelas de la autonomía.
Y es que, coincidiendo con las primeras sentencias de flexibilización de la inmersión lingüística, el Govern de ERC estrechó su control sobre los inspectores escolares, los cuales, con un nuevo decreto, podrán ser escogidos 'a dedo' desde el Govern.
"Los inspectores son controlados y sus verdaderas funciones, diluidas, no centradas en lo nuclear de la educación: la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos" ha señalado el inspector Rul a El Español. Palabras con las que el inspector confirma que la Generalitat estaría buscando desobeder la sentencia, obligando, a través del nuevo decreto, a los inspectores a hacer la 'vista gorda' sobre la inmersión lingüística en los centros educativos.
"Si lo que se pretende ahora es que los inspectores impidan que se apliquen las sentencias [...] están poniendo a los inspectores en una situación difícil, pues eso supondria anular su razón de ser: galantes del ordenamiento jurídico-normativo. El inspector que actúe en su contra comete una falta grave dentro del régimen disciplinario de la función pública".