Que el coronavirus pilló al Gobierno de Pedro Sánchez desprevenido es una realidad que ya pocos se atreven a contradecir.
Y es que, a pesar de las constantes recomendaciones y advertencias de la OMS respecto a la pandemia, el sistema sanitario español no fue reforzado por el Ejecutivo, que reaccionó tarde y desordenadamente al colapso de los hospitales por el Covid-19.
Durante semanas, los sanitarios españoles se han enfrentado al virus de Wuhan sin material de protección adecuado: sin guantes, sin mascarillas... y sin los famosos EPI, teniendo incluso que utilizar bolsas de basura convencionales para hacerse trajes que no protegían contra la pandemia.
Para la desesperación de los profesionales sanitarios, la actuación del Gobierno no ha traído más suerte a su labor en los centros hospitalarios: los test contra el coronavirus eran falsos, y las mascarillas compradas por el Gobierno al proveedor chino han resultado ser potencialmente peligrosas por su poca fiabilidad, contagiando a más sanitarios de los que ha protegido.
Es por todo ello por lo que el Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Hasta tres años de prisión para cada uno
Los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación sobre los medios y materiales de los enfermeros durante el COVID-19.
Ante el resultado, han decidido querellarse contra Pedro Sánchez, Salvador Illa y algunos cargos del ministerio de Sanidad, como son Pilar Apatricio, directora general de Salud Pública, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, acusándolos de un delito contra la seguridad de los trabajadores.
La querella, que contiene más de 50 folios, contempla que el Gobierno y el Ministerio, con conocimiento de la pandemia desde finales de enero, no pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, y que, cuando lo hicieron, eran materiales defectuosos. (¡¡Salen a la luz las 2.200 camas y respiradores sin utilizar en las UCIs que podrían haber salvado vidas!! ¿Por qué no se han usado?)
La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años, y una sanción económica de seis a doce meses; a esta pena, también se les puede incorporar el resultado de otras querellas, como es la imprudencia grave con resultado de lesiones o muerte.