El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, instó este viernes a la Generalitat a realizar en los próximos meses una declaración "formal e inequívoca" que descarte acciones que contravengan el orden jurídico actual para que puedan volver las empresas que se han marchado de Cataluña. (Los empresarios catalanes le hacen el vacío a Quim Torra en Sitges).
Así lo expresó en la XXXV Reunión del Círculo de Economía celebrada en Sitges, donde también señaló que las empresas que se marcharon no lo hicieron por "capricho", sino para defender los intereses de sus accionistas y proteger los depósitos de sus clientes: “No podemos plantear una Barcelona y una Cataluña que sea un 'hub' de innovación partiendo de la base de que hay empresas muy importantes que deben contribuir a este objetivo que están fuera”, señaló.
Sánchez Llibre explicó que se lo ha dicho reiteradamente a miembros del Govern y que este es uno de sus objetivos prioritarios como líder de la patronal, ya que considera que es bueno para Cataluña que no solo lo diga el presidente del Fomento del Trabajo: "También necesitamos que el Gobierno amplifique y plantee la misma solución o el mismo llamamiento”.
El presidente de Fomento del Trabajo sostuvo, en este aspecto, que tiene la obligación de construir “puentes económicos” con Madrid para desenquistar el conflicto. Su objetivo, según dijo, es que se impulse el crecimiento económico, se creen puestos de trabajo y se genere riqueza.
Pere Aragonés niega que Cataluña tenga un problema económico
Estas palabras llegaban justo después de que Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, propusiera el retorno de las empresas a sus sedes sociales originales: “No lo hago como una exigencia, lo hago como una propuesta”, esgrimió.
Aragonés sostuvo que la sociedad civil puede ayudar a mejorar la reputación, recuperar el prestigio y generar autoconfianza en Cataluña con decisiones como el retorno de sedes sociales, y que desde el Govern lo facilitarán "al máximo" mediante decisiones políticas. En el turno de preguntas, pese a todo, defendió que el cambio de sedes sociales fuera de Cataluña no ha tenido un impacto a corto plazo y puede que tampoco a medio plazo sobre la actividad económica.
El vicepresidente del Govern pidió además al Gobierno derogar la intervención financiera de la Generalitat, tal y como hizo el jueves en el Parlament, y remarcó que ésta solo se puede justificar con un "perjuicio ideológico" hacia el Govern y no como una medida de prudencia hacia su gestión: “Hoy podemos demostrar que hemos gestionado con responsabilidad las finanzas públicas. Ahora es el momento de poderlas gestionar con toda libertad", argumentó.