Los pactos del Gobierno de coalición para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se han convertido en el centro de la polémica dentro de la política nacional las últimas semanas, debido a las "concesiones" del Ejecutivo socialcomunista a las pretensiones nacionalistas.
Concesiones , tal y como las han entendido los partidos de la oposición, que van desde la aproximación de presos de la banda terrorista al País Vasco, hasta el planteamiento de una remodelación fiscal a nivel nacional, exigida por ERC.
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Cuestiones que no solo han favorecido a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, sino que también han supuesto la cobertura perfecta para Pablo Iglesias, que esta semana, no solo ha conseguido doblegar a Pedro Sánchez a la hora de elegir aliados para los PGE, sino que también ha conseguido aprobar algunas de las promesas electorales podemitas más polémicas.
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La regulación del alquiler, la prórroga para impedir desahucios y la puesta en marcha del Ingreso mínimo vital han sido las principales 'líneas rojas' de Pablo Iglesias dentro del Gobierno en las últimas semanas.
Tanto, que ahora, bajo el paraguas que los Presupuestos Generales del Estado, el líder de los podemitas ha conseguido 'ganar' estas premisas ante Pedro Sánchez, y ante el desasosiego de la línea más conservadora de los socialistas.
Durante la tramitación parlamentaria del Presupuesto, Unidas Podemos suscribió una enmienda, con Bildu y ERC, para prorrogar la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a la población vulnerable hasta finales de 2022.
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También Iglesias lograba el compromiso de impulsar una regulación del precio del alquiler, que evite las subidas abusivas de los precios. Una disputa que se cerró pocas horas antes de aprobarse el anteproyecto de los PGEen el Consejo de Ministros.
Pero tal vez la propuesta más fuerte de los de Unidas Podemos ha sido la negociación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Iglesias logró acelerar la puesta en marcha de uno de sus principales acuerdos dentro del acuerdo de gobernabilidad, a pesar de que varios ministros del PSOE entendian que era una medida de calado que requería meses de preparación.
Finalmente la propuesta fue puesta en marcha en mayo, pero con problemas derivados de la burocracia para tramitar las ayudas, lo que llevó de nuevo a Iglesias a exigir en los Presupuestos mejoras para dotar de más rapidez a la prestación; una reivindicación a la que, nuevamente, ha cedido el presidente del Gobierno.