La defensa de varios de los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional cuestionan la investigación que llevo a su detención en septiembre de 2019 en el marco de la "operación Judas".
En total hay 200 escuchas sobre estos CDR procesados por terrorismo fueron incorporadas al procedimiento a instancias de la Fiscalía. La Audiencia Nacional había autorizado esas escuchas pero las defensas de los CDR alegan indefensión y reclaman ahora la incorporación íntegra de las diligencias 104/2017 y 99/2018 al procedimiento.
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García Castellón se ha negado a ello. La citada negativa ha estado secundada por la Fiscalía y por la acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot). La defensa de los CDR ha trasladado ya su denuncia ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
El pasado miércoles se celebró la primera vista de apelación en la sede del tribunal, para escuchar los argumentos de la defensa de uno de los CDR procesados al que se le atribuye un papel "fundamental" en el seno del Equipo de Respuesta Táctica (ERT).
Según La Razón, durante la vista el letrado reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación en el que denuncia una supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La defensa de Guillem Xavier Duch, el CDR que desempeñaba el papel relevante, se ha quejado de que "a finales de 2017, principios de 2018, se empezó a investigar a los hoy procesados" en el marco de esas diligencias sin que las defensas "hayan tenido acceso a saber cómo y por qué se empieza a investigar" a los detenidos.
Entre las pesquisas se encuentran intervenciones telefónicas, se autorizó la instalación de balizas de localización GPS así como seguimientos y escuchas en domicilios. Tras la petición de la Fiscalía se incorporaron 102 conversaciones al proceso judicial entre abril de 2018 y agosto de 2019, por un lado, y de otras 94 entre febrero y septiembre de 2019.
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A la desesperada
Los CDR acusados de terrorismo se han visto contra las cuerdas y han hecho esa petición a la desesperada a la Fiscalía para intentar darle la vuelta a la situación y no ser condenados. Ahora, se dedican a buscar cualquier aspecto paraevitar recibir una condena del juez.
Los individuos investigados formaban “una organización criminal con finalidad terrorista” y que disponían de “laboratorios” y “material” para elaborar compuestos explosivos. Planeaban atentados, sabotajes y el asalto del Parlament como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1-O.