La factura de la macro causa de los ERE pagada con fondos públicos no se acaba en los 680 millones de euros que fueron adjudicados y repartidos de forma ilegal por ex altos cargos socialistas de la Junta.
El Gobierno autonómico de Andalucía, con el dinero de todos los andaluces, deberá pagar la defensa de la mayor parte de los acusados (absueltos y condenados) en el caso de los ERE.
De hecho, las defensas de los procesados Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez ya han reclamado dicho pago a la administración autonómica.
Más de 680 millones de euros públicos
De este modo, a los 680 millones de fondos públicos repartidos de forma ilegal se deberán sumar los entre 3 y 5 millones de euros que han costado las defensas de los acusados.
Obviamente, la Junta ya ha pedido un peritaje independiente que calcule cuánto dinero se ha de abonar a cada uno de los abogados.
Por ejemplo, en el caso de Magdalena Álvarez, según informó en su día Europa Press, la Junta ha calculado que deberá abonarle 90.000 euros.
Numerosos investigados se acogieron a su derecho de acceder a los servicios del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, pero al presentarse la administración también como acusación, los procesados tuvieron que recurrir a servicios jurídicos privados.
Devolución
Cuando la sentencia de los ERE sea firme, o lo que es lo mismo, cuando se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía podrá reclamar la devolución de esos entre 3 y 5 millones de euros que han costado los abogados privados de los procesados.