Los Presupuestos catalanes para 2019 contemplaban un aumento del 7,7% del gasto social, el vinculado a las consellerias de Salud, Educación y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Cataluña pasaba a representar el 16,8 por ciento del total de inversiones reales territorializadas, cuando era el 13,3 en el reparto que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Pasaba de recibir 1.349,59 millones de euros a 2.051,38, un 52% de incremento.
Lo que Cataluña se pierde
Por otra parte, Sánchez se había comporometido a cumplir con el Estatuto de Autonomía catalán, que en su disposición adicional tercera contempla una inversión equivalente al peso de su PIB, que se sitúa alrededor del 18%.
La cifra prevista en este reparto no llega a ese porcentaje, pero el proyecto de Presupuestos preveía pagar además a Cataluña 200 millones adicionales para compensar las inversiones no realizadas de acuerdo a esa disposición estatutaria en el año 2008. Este pago es por una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a la Generalitat al reclamar 759 millones por este concepto correspondientes a aquel ejercicio.
Las dos partes se sentaron a negociar en septiembre y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pactó con el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, abonar esa cantidad en cuatro años; el primer pago se acordó ya para 2019, por 200 millones de euros.
También acordaron abonar este año a través de los Presupuestos otros 150 millones de euros en 2019 para Mossos d'Esquadra. El Gobierno de Rajoy acordó con la Generalitat un pago de 700 millones para ampliar el número de efectivos de este cuerpo y el Gobierno de Sánchez pagará este año una primera parte.
Cataluña perderá el aumento que Fomento había presupuestado para la red de Cercanías , que había pasado de estar dotada con 331 millones en los últimos presupuestos de Rajoy a los 650 que Sánchez proveía ahora.
En los Presupuestos de Sánchez se contemplaba una inversión territorializada del Estado en Catalunya de 2.251 millones, de los cuales 900 eran nuevos respecto al año anterior. Un aumento que, además de los 331 millones de la red de cercanías, se destinaba también al Corredor del Mediterráneo y otras infraestructuras.
¿Qué pasará si vuelve la derecha o Sánchez reforzado?
La Generalitat iba a recibir este año unos 1.500 millones, que la administración autonómica podría utilizar para elaborar sus propios presupuestos. Una parte importante de esa cantidad salía del sistema de financiación, por la suma de los 760 millones de anticipos a cuenta más los 228 del impuesto de hidrocarburos.
El resto salía del compromiso Estado para pagar a la Generalitat 1.459 millones en los siguientes cuatro años, para sufragar la deuda en infraestructuras (759 millones) y con los Mossos d'Esquadra (700 millones). De estos, 350 millones llegarían este mismo año por vía de los Presupuestos Generales del Estado, 200 para que la Generalitat los gaste en infraestructuras y los otros 150 directamente para la policía catalana.
La pregunta es si Cataluña y sus necesidades sociales están en condiciones de renunciar a estos dinero. Si el orgullo de sus dirigentes no le ha hecho un flaco favor a las necesidades de la población. Veremos lo que es capaz de conservar Cataluña de esta generosa propuesta de Pedro Sánchez. Si Sánchez sale elegido en las próximas elecciones, desde una posición de fuerza difícilmente será tan generoso como lo ha sido hasta ahora con los separatistas. Y si lo que sale es un gobierno de derechas, que vaya olvidándose Torra de recibir dinero a lo grande. Hasta el último euro será fiscalizado desde Madrid.