La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de nuevo ha avalado el tercer grado para los presos del 1-O, que usarán a partir del viernes, a excepción de Carme Forcadell, sobre quien el Servicio de Clasificación aún no ha resuelto su semilibertad.
Así, el Servicio de Clasificación ha aprobado la propuesta que las Juntas de Tratamiento de las cárceles hicieron el 14 de enero, en la que por segunda vez propusieron la semilibertad para todos los presos del 1-O, ha explicado este jueves la Conselleria de Justicia en un comunicado.
La Fiscalía recurrirá
Las resoluciones ya se han comunicado a las defensas de los presos y el tercer grado implicará que puedan salir durante el día para trabajar o hacer voluntariado y dormir en prisión de lunes a jueves.
Como no puede ser de otra manera la Fiscalía recurrirá la decisión sectaria del Govern en beneficio de los suyos sin atenerse a la sentencia del Tribunal Supremo.
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El Supremo ya falló en el mes de julio que los presos debían cumplir su condena en la cárcel sin permisos especiales a los que no podían acceder al no tener concedido el tercer grado.
La decisión de las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) de proponer de nuevo la clasificación en tercer grado a los nueve condenados por sedición ha causado cierto malestar entre los fiscales que llevaron este asunto en el Tribunal Supremo.
La decisión de la autoridad penitenciaria catalana es calificada incluso de "choteo" dada la cercanía del auto por el que, con argumentos muy contundentes la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena rechazó el pasado 4 de diciembre dicha reclasificación y otras medidas de semilibertad que venían aplicándose a los condenados.
La respuesta de la Fiscalía será contraria a la salida de los presos
Así lo señalan fuentes fiscales consultadas por Europa Press, que no dudan en adelantar que la respuesta de la Fiscalía tanto en Cataluña como posteriormente ante el tribunal sentenciador, en el caso de que exista apelación, será contraria a la iniciativa de la administración penitenciaria catalana. "Habrá que endurecer el tono de los recursos", adelantan.
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La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1-O. El Tribunal Supremo (TS) lo tumbó en diciembre para los nueve al considerarlo una medida prematura, y la mayoría (excepto Forcadell y Bassa) no llegaron a usar el tercer grado ya que quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía.
Los autos del Tribunal Supremo por los que se revoca el tercer grado y la semilibertad vía artículo 100.2 del régimen penitenciario a los líderes independentistas condenados en el juicio del 'procés' incluían un aviso a la Administración Penitenciaria catalana, a la que se reprocha que se distancie de los principios para ejecución de penas para convertirse una "extravagante tercera instancia".
Coincidían también los autos en que los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un Tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura "que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente". La reiteración de esta idea -que la Sala ya ha expuesto en anteriores resoluciones- no debería resultar ya necesaria, concluía el Supremo hace tan sólo mes y medio.