Tiempo ha pasado ya desde que Pablo Iglesias y los suyos eran grandes defensores del 'jarabe democrático' aplicado a representantes políticos en sus domicilio, como fue el caso de Soraya Sáez de Santamaría.
Desde que el líder de Podemos se convirtió en el vicepresidente segundo del Gobierno, su casa de Galapagar se ha convertido en un fortín podemita, al que los ciudadanos han acudido en más de una ocasión a protestar por la nefasta gestión del Gobierno ante el Covid-19.
Unas protestas que ahora, podrían llevar a Miguel Frontera a la cárcel, después de hacer sonar el himno de España ante la 'mansión' de Pablo Iglesias e Irene Montero.
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Y es que la Fiscalía, bajo las órdenes de Dolores Delgado, ha pedido condenar a Frontera por un delito de injurias graves, lo que, según la normativa española, estaría tipificado con una pena de seis meses a dos años de prisión.
Una condena que no parece ser suficiente para el líder podemita, que ha decidido ampliar este lunes la querella contra el manifestante, asegurándose así de que, si el veredicto es de culpablidad, Frontera no pueda 'librarse' de entrar en prisión.
Una interminable lista de delitos
Así pues, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Collado Villalba ha recogido yas nuevas exigencias de Pablo Iglesias concediendo algunas de sus nuevas reclamaciones en la querella contra el manifestante.
En la ampliación de la denuncia, ahora mismo, se han incorporado "un presunto delito de coacciones del artículo 172 y ss. del Código Penal, un presunto delito de acoso del artículo 172 del Código Penal, y un presunto delito de desobediencia a agentes de la autoridad, del artículo 556 del Código Penal".
Delitos que implican penas de 3 años, dos años, y un año de prisión, respectivamente, que se unirían a la condena del presunto delito de injurias, y que podrían llevar a Frontera a pasar años en prisión sin paliativos.