José de la Mata, el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, imputará a CaixaBank, Ibercaja e ING por permitir presuntamente decenas de movimientos bancarios que habrían servido para blanquear fondos de políticos corruptos, narcotraficantes, proxenetas y otras organizaciones criminales, como aseguran de forma indiciaria varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Naciconal, la Agencia Tributaria y el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac), según una información que hoy publica El Confidencial.
El juez pregunta por qué no dieron la voz de alarma
La misma fuente señala que el juez De la Mata ha dictado un auto en el que "reclama a los tres bancos que identifiquen de manera inmediata qué directivos firmaron la apertura de las cuentas por las que se habrían canalizado decenas de transacciones para un supuesto lavado masivo de fondos y les ordena que especifiquen también con la misma urgencia qué programa de cumplimiento tenían en vigor cuando se produjeron los movimientos bajo sospecha, en calidad de sujetos obligados por la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, para tratar de aclarar por qué no dieron la voz de alarma y dejaron que el dinero siguiera circulando por su balance".
El auto del juez De la Mata apunta a CaixaBank, Ibercaja e ING y les pide que aporten la documentación necesaria para esclarecer el tema y sus propias responsabilidades penales.
El origen de lo que parece un chanchullo
La investigación parte de un chiringuito financiero, Bandenia Banca Privada, con sede en Las Rozas (Madrid) que fue desmantelado en junio de 2017. El Confidencial informa que "La UDEF llegó hasta los responsables de la entidad siguiendo el dinero de la narco Ana María Cameno, más conocida como 'la Reina de la Coca', que fue arrestada por última vez en 2014 con un alijo de 100 kilos de cocaína. La organización que lideraba utilizó presuntamente Bandenia para lavar los beneficios que obtenía con el tráfico de estupefacientes".
Tras Bandenia "se escondían también el patrimonio del propietario de uno de los burdeles más grandes de Valencia, Sala Maxx; depósitos del ciudadano chino Jiang Jilong, detenido en 2012 por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, asociación ilícita e inmigración clandestina; operaciones de crédito con un exministro de Economía de Sudán del Sur acusado en el país por el desvío irregular de ocho millones de dólares, y movimientos protagonizados por el abofado Cándido Conde Pumpido Tourón, hijo del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, para canalizar cobros de una red de clubes de alterne", prosigue El Confidencial.
Los bancos cooperaron sin alertar a las autoridades
De la Mata tiene indicios para sospechar que ING, CaixaBank e Ibercaja cooperaron con la trama sin alertar a las autoridades de supervisión. Bandenia no tenía licencia para operar en España, por lo que realizaba todos sus movimientos a través de cuentas bancarias abiertas a su nombre y al de sus responsables en entidades financieras tradicionales.
Bandenia introdujo en 13 cuentas de Ibercaja un total de 3,4 millones de euros procedentes en su mayoría de Rusia, Eslovenia, Luxemburgo y Suiza. Se registraron 1.250 operaciones. En cuanto el dinero llegaba a Ibercaja, salía automáticamente en otra dirección, incidiendo así en su carácter instrumental.
Luego apareció CaixaBank. Entre 2013 y 2015, llegó a contar con 27 cuentas en la entidad catalana en las que ingresó 14 millones de euros, de los que al menos 458.450 euros corresponden a entradas en efectivo. En ese periodo, protagonizó 2.409 transacciones, en su mayoría fondos con origen en Letonia, Emiratos y Suiza que salían luego hacia Hong Kong, Panamá, China y Kenia.
En 2015, Bandenia pasó a operar fundamentalmente con ING con dinero en efectivo. Hasta la operación de la UDEF de junio de 2017, el chiringuito financiero ingresó en el banco neerlandés 1,7 millones de euros. Los fondos entraron en las cuentas realizando hasta 10 aportaciones en un solo día, todas ellas por un importe inferior a 3.000 euros.
De esta información levantada por El Confidencial se desprende que CaixaBank, Ibercaja e ING podrían haber incumplido la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo".