La candidata de JxCat a las elecciones del pasado 14 de febrero en Cataluña, Laura Borràs, ha sido elegida como la nueva presidenta del Parlament de Cataluña, después de que la mayoría independentista haya decidido apoyar a la candidata de Carles Puigdemont.
Una posición que, sin embargo, no podría ostentar durante toda la legislatura, ya que la independentista de Junts tiene más de un conflicto que resolver con la Justicia española, a pesar que durante toda la campaña, Borràs ha asegurado que "no hay caso" y que los presuntos delitos de los que se le acusa son parte de una estrategia de "persecución política" hacia su persona.
Sí había caso para el Tribunal Supremo, que estaba pendiente de abrirle juicio oral; también para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que será el responsable de decidir sobre estos presuntos delitos de la independentista.
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En concreto, a Borràs se la imputa de cuatro presuntos delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, principalmente sucedidos durante su presidencia de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018.
Delitos por los que la nueva presidenta de la Generalitat podría ser condenada a prisión, con su consecuente e inmediata inhabilitación del cargo recién adquirido.
La estrategia internacional de Carles Puigdemont
La llegada de Laura Borràs permite a Carles Puigdemont a recuperar el control sobre el Ejecutivo catalán, nuevamente con carácter independentista, asegurándose tomar decisiones en la sobra que afecten a todos los catalanes, incluso consiguiendo nuevos fondos para su estancia en Waterloo.
Sin embargo, el independentista fugado también podría estar planteándose utilizar la posible inhabilitación de Borràs como presidenta de la Generalitat para sus propios fines.
Y es que, sin el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide inhabilitar a la de JxCat, Puigdemont contaría con una nueva 'víctima' de la opresión del Estado español, vendiendo internacionalmente la idea de que, por segunda vez, un presidente de la Generalitat catalana ha sido inhabilitada por ser fiel a sus compromisos secesionistas.