Los tribunales se han convertido, en los últimos años, en el gran 'enemigo' de los principales líderes independentistas: y es que, después de años de impunidad dentro de la Generalitat de Cataluña, la Justicia española ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a todos aquellos cuyas acciones en la Administración pública puedan conllevar algún delito, siendo los más frecuentes los de malversación y prevaricación.
Delitos por los que fueron acusados grandes líderes secesionistas como Oriol Junqueras, y que ahora pesan sobre Laura Borràs, presidenta del Parlament catalán, acusada de falsedad documental, malversación y prevaricación, tras salir a la luz unos correos electrónicos en los que, supuestamente, fracciona varios contratos y se los adjudica 'a dedo' a un amigo suyo.
Correos electrónicos sobre los que la periodista de 'Els Matins' de TV3, Lídia Heredia, ha preguntado a la independentista... recibiendo el enfado de Borràs como respuesta.
"Sacar los mails aquí es dar puerta aquí a la intoxicación del Estado" ha criticado la independentista a la presentadora, a la que ha asegurado que ha ido al plató con "información para contrarrestar la intoxicación".
Borràs, 'víctima' de una voluntad malintencionada
"Los emails son públicos" se defendía la presentadora de TV3 ante una Borràs fuera de sí, que seguía asegurando ante las cámaras que estaba siendo víctima de "una investigación ilegal".
Una investigación provocada por el Estado español, que ahora había conseguido 'intoxicar' a la televisión pública catalana, de marcado caracter secesionista, para cargar, según Borràs, contra su persona, atribuyéndole delitos "que suman veinte años de cárcel, cuando no se ha cometido ninguno".
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Acusaciones de la presidenta del Parlament catalán que no sólo han señalado al Estado español opresor, sino que también han cargado contra el resto de partidos independentistas presentes en la Cámara, a los que ha acusado de ejercer una "voluntad malintencionada de hacer ver lo que no es" en el caso de su imputación, la cual ha sido vinculada con la propuesta de Junts de modificar el reglamento del Parlament para acabar con la retirada del escaño a los diputados contra los que se abra un juicio oral por corrupción.
"Esta personalización es absolutamente impropia" ha asegurado la independentista, que ha defendido que "modificar el Reglamento del Parlament de Catalunya articulen mecanismos específicos de protección de los derechos de los diputados".